La Fiscalía Provincial ha archivado las diligencias previas que incoó a principios de año a raíz de la denuncia presentada por los propietarios de una de las viviendas ilegales de la urbanización de O Loureiro, en Pazos, con orden firme de derribo desde 2010.
El Ministerio público admite que "es indudable" que la licencia para la ejecución de diez chalés pareados concedida durante el gobierno de Ramón Rodríguez Ares ocasionó un "perjuicio" a los compradores, pero argumenta que los permisos fueron emitidos en 2005, "por lo que no procede aperturar un proceso penal por este hecho por haber excedido con creces los límites de prescripción" que estipula el código penal.
La fiscal apela a la posibilidad de que los demandantes, que perdieron la casa y sus ahorros, exijan las oportunas responsabilidades al Concello "fuera del ámbito del proceso penal, utilizando los cauces adecuados que el ordenamiento jurídico pone a su disposición".
El archivo de la denuncia ha trascendido menos de un mes después de que el exalcalde Ernesto Anido (PP) presentase a pleno una moción para exigir a su sucesor, Benito Portela, que incoase un expediente para dirimir responsabilidades por la concesión de estos permisos. El regidor le afeó al popular que reclame ahora lo que no hizo durante su mandato y avanzó que, con toda probabilidad, las responsabilidades ya habrían prescrito.
El futuro, en el aire
El alcalde aprobó en julio por decreto iniciar el procedimiento de reposición a la legalidad urbanística de la urbanización de Pazos. El expediente se abre después de que los propietarios exigiesen por vía judicial la ejecución de la sentencia que ordena el derribo de las viviendas, que fueron embargadas por Abanca. El decreto de Alcaldía deja claro que al haber sido anulada la licencia, "la edificación realizada a su amparo no quedará incorporada al patrimonio del propietario del terreno" (el banco), al que le correspondería asumir los gastos de la ejecución de la sentencia.
El futuro de este complejo residencial, en que enterraron parte de sus ahorros varias familias, sigue en el aire. Los propietarios que llevaron el caso a Fiscalía denunciaron que el Concello, gobernado entonces por el PP, pretendía "legalizarle las casas al banco". El Ministerio público interrogó sobre esta posibilidad a los redactores del plan general, que sostuvieron que el documento todavía está en fase de tramitación y que, en todo caso, "las edificaciones no se adaptarían al nuevo PGOM por superar los parámetros de densidad y edificabilidad", sin aportar más detalles.
En su decreto, el alcalde requiere al arquitecto municipal un informe "en el que se contemple la posibilidad, de ser el caso, de la legalización parcial de las edificaciones o bien su demolición íntegra".
La posibilidad que se legalice ahora parte de lo construido trae de cabeza a los demandantes, que llevan inmersos en juicios casi una década, desde que fueron desalojados de su vivienda al poco de instalarse. Esta familia recuerda que antes de adquirir la casa, en 2005, consultó al Concello, que les dijo que todo estaba en regla. Consideran una burla que el Ayuntamiento estudie ahora la posibilidad de salvar de la piqueta parte de las casas para beneficio del banco. Y avisan de que Fiscalía en su informe advierte de que la legalización de las viviendas, con orden firme de derribo, sí podría ser constitutivo de delito.
