SADA

Sada cambió la ordenación de O Loureiro tras las quejas de los compradores afectados

El plan aprobado inicialmente en 2013 abría las puertas a la legalización futura de la totalidad del ámbito - El documento reduce ahora la superficie y el aprovechamiento

16.10.2015 | 02:08

El Concello de Sada modificó la ordenación de la urbanización ilegal de O Loureiro, en Pazos, tras las quejas de los compradores que perdieron casa y ahorros y que reclamaron vía judicial la ejecución de la sentencia firme de derribo.

El plan general aprobado inicialmente en 2013 con los votos de PP y PDSP abría las puertas a la legalización futura de la totalidad de esta urbanización, autorizada durante el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares. El documento proponía remitir su ordenación a un Plan Especial de Ordenación de Núcleo Rural que incorporaba terreno al norte y, por tanto, permitía ampliar su aprovechamiento y edificabilidad.

La ordenación suscitó las quejas de varios de los compradores de las viviendas, que alegaron contra la propuesta y, a finales de 2014, recurrieron a Fiscalía para denunciar que el Concello pretendía "legalizar la urbanización al banco" tras obligarles a abandonar las viviendas que adquirieron de buena fe.

La ordenación que propone ahora el plan general, pendiente de aprobación provisional, difiere sustancialmente de la recogida en el PGOM aprobado inicialmente. El equipo redactor reduce el ámbito del plan especial, con lo que limitan el aprovechamiento.

La memoria del PGOM alude a la existencia de una orden de derribo de esta urbanización y otras en situación similar, destaca que la legislación es clara a la hora de estipular que no se puede redactar un plan general para "evitar la aplicación de la sentencia", pero matiza que hay que tener cuenta también el "interés público y social".

A raíz de la denuncia de los compradores afectados, Fiscalía interrogó al equipo redactor sobre la posible legalización de esta urbanización. Los redactores sostuvieron que las edificaciones no se adaptarán al nuevo PGOM y apelaron a la demolición de parte de las viviendas, aunque matizaron que el plan todavía está en tramitación. El Concello aguarda los informes que aclaren si corresponde el derribo parcial o total. Los demandantes exigen la demolición íntegra.

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