MIÑO

El TSXG da cuatro meses a Miño para fijar la fecha de pago de 21 millones a expropiados

Pide que concrete cómo pagará, con partidas en presupuestos o créditos, y luego el Tribunal resolverá "el modo de ejecución" menos "perjudicial" para el Concello

25.10.2015 | 18:14
Chalés sin rematar en Costa Miño Golf.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en un auto emitido la pasada semana, resuelve que el Concello de Miño ya no puede retrasar más la ejecución de la sentencia que le consideró como responsable subsidiario del pago de los justiprecios a los expropiados para la ejecución de la urbanización Costa Miño Golf y le otorga un plazo de cuatro meses para que formule un calendario de plazos "razonables" para abonar todo el dinero que debe, unos 21 millones de euros. La reclamación de la ejecución de sentencia se refiere a una de las fincas expropiadas pero los magistrados la extienden a todos los afectados.

Un auto de noviembre de 2014 , que se confirmó de forma irrevocable el pasado marzo, ya requirió también al Concello de Miño para que efectuase el pago de los justiprecios al rechazar un recurso del Concello. La Asociación de Afectados por la Expropiación de Fadesa exigió de nuevo el pasado mes de abril la ejecución de la sentencia y por tanto el abono del dinero, además de que se consignasen partidas en los próximos presupuestos.

El Ayuntamiento de Miño el pasado mes de junio reconoció que era responsable subsidiario del pago de los 21 millones (tras la quiebra de Martinsa-Fadesa), pero rechazó abonar de momento el dinero al considerar que debía afrontar el pago de forma conjunta (no pagar a cada expropiado por separado) y para eso debía buscar "soluciones globales".

Entre estas soluciones destacó las medidas presupuestarias, como la "posibilidad de ejecutar unas determinadas hipotecas de inmuebles propiedad de Martinsa-Fadesa que ésta había constituido a favor del Ayuntamiento en garantía del pago del justiprecio".

Otras medidas que apuntó fueron las "judiciales", dentro del concurso de acreedores de la empresa constructora. También alegó que el importe a pagar es muy elevado respecto a las posibilidades del Concello (es más del triple de su presupuesto), por lo que planteaba elaborar un plan de pagos con plazos de abono una vez iniciadas todas estas medidas.

El Alto Tribunal gallego considera que todos estos argumentos del Concello solo dilatan la ejecución. Admite que el abono de tanto dinero es un "caso extraordinario" y supone "un trastorno grave" para la Administración local, que no puede atender de forma inmediata el abono sin un "daño efectivo para los intereses municipales". Pero también recuerda que en ningún caso eso justifica que se posponga la ejecución de una sentencia, porque se vulneraría la Constitución que garantiza el derecho a la ejecución de sentencias.

El TSXG indica así a Miño que "no basta" con una "mera declaración de intenciones", lo que tiene que hacer es, tras un "concienzudo estudio de sus posibles recursos", resolver la forma de ejecutar la resolución judicial "de la manera menos gravosa" y en el plazo más razonable", concretando de forma "minuciosa y ostensible" la relación de bienes y derechos de los que va a disponer" en el tiempo, "con las máximas correcciones que pueda introducir al alza en sus respectivos presupuestos" o mediante la petición de "créditos". Una vez presentado el calendario de pagos, el tribunal decidirá el "modo de ejecución que sea menos perjudicial para los intereses" del Concello.

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