El Gobierno local de Miño y la Asociación de Afectados por las Expropiaciones para ejecutar la urbanización de Perbes consideran que la última sentencia emitida por el Tribunal Supremo hace unas semanas, que legaliza la decisión del Concello de 2011 de confirmar el sistema de expropiación y readjudicar a Martinsa-Fadesa la ejecución de las obras tras ser anulada la primera concesión, no afecta para nada al hecho de que el Concello tenga la responsabilidad subsidiaria de abonar unos 25 millones a los expropiados, la diferencia entre el justiprecio que les pagaron en su día (poco más de seis euros) y el que les reconoció después la justicia (25,90 euros).

"Entendemos que no afecta a la indemnización porque quien expropió fue el Ayuntamiento y hay una sentencia firme también del Supremo", explicó ayer el portavoz de los expropiados, Santiago González.

"El fallo no debe afectar a la responsabilidad municipal subsidiaria de pago de expropiaciones", apunta el Ejecutivo en un comunicado enviado ayer, en el que añade que dicho pago "ya está confirmado por el Supremo en sentencia del pasado mes de julio".

El Gobierno local añade que esta resolución judicial incluso supone una ayuda porque "elimina la posibilidad de que se puedan hacer más reclamaciones monetarias y a volver a tener el expediente de expropiación válido permite al Concello reclamar a la adjudicataria todo lo que pueda corresponder".

Esta última sentencia del Supremo, según entiende Gobierno y afectados, no influye en el hecho de que Miño tiene que abonar esos 25 millones de euros, pero otra cuestión que deberá analizarse es si afecta a otra de las demandas previstas, la reclamación del 25% a mayores del dinero a percibir por la expropiación una vez que ésta fue anulada, porque ahora se hace lo contrario, se respalda dicha expropiación.

La asociación de expropiados ya tiene todo listo, precisamente, para presentar este mismo mes la demanda para reclamar el abono de este 25% más sobre la cantidad que les pagaron inicialmente por la expropiación, más los intereses legales de demora. Este 25% se reconoce cuando no hay posibilidad de reversión de las tierras porque la urbanización ya está ejecutada y se fija una indemnización sustitutiva, que está establecida en este porcentaje.

Esto supondría que los expropiados que inicialmente cobraron a poco más de 6 euros el metro, tendrían que percibir la diferencia hasta los 25,90 euros que se les reconoció, más un 25% junto con los intereses desde 2002, lo que dejaría el pago del metro cuadrado en unos 45 euros.

El portavoz de los expropiados apunta que el capital más los intereses que les adeuda ya el Concello de Miño no llega a 25 millones, lo fija en como mucho en 20, y el 25% supondría cinco millones más. Es decir, que esos 25 millones que se habla que tiene que abonar el Ayuntamiento ya incluyen el capital principal, los intereses y este posible 25% adicional.

El Ejecutivo había planteado a los expropiados pagarles seis millones y dejar el resto para abonar poco a poco a partir de 2021, fecha en la que se prevé terminar de abonar los 3 millones a la UTE Piñeiro.