Los tribunales tumban de nuevo otro recurso presentado por el Ayuntamiento de Miño en relación a la urbanización Costa Miño Golf y además le impone las costas, que fija en 4.000 euros. En este caso el Tribunal Supremo, en una sentencia de la pasada semana, desestima el recurso del Concello contra un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en ejecución de sentencia, sobre la responsabilidad subsidiaria municipal en el pago del justiprecio por las expropiaciones.

Los magistrados muestran su sorpresa por los argumentos del Ejecutivo de Miño, que llega a decir que no tenía "constancia de la situación concursal" de Martinsa-Fadesa ni del grado de cumplimiento del convenio firmado con la empresa, cuando en un auto de 2013 ya se hacía mención a una "espera o aplazamiento del pago del precio expropiatorio hasta el año 2019 o incluso hasta el año 2.022". El Supremo también rechaza la alegación de Miño para no abonar el dinero a los expropiados, que basó en su situación económica. Recuerda que el Concello debió adoptar las garantías necesarias para que los expropiados cobrasen el justiprecio.