El último informe sobre el período medio de pago a los proveedores que el Concello de Vilasantar tiene publicado en su portal de transparencia eleva a 89,30 los días con que paga las facturas, casi tres veces más que el máximo que estipula la ley sobre morosidad, treinta días.

Este pequeño municipio rural es el que presenta peores datos de la comarca durante ese período -segundo trimestre del año-. Es más, el plazo medio de pago es considerablemente superior al de los ayuntamientos de su entorno, de población muy similar, como Aranga (6,8 días menos del máximo de 30 días previsto legalmente); Vilarmaior (-7): o de población superior como Curtis (6) o Miño (10).

Los últimos datos del Ministerio de Hacienda apuntan a una ligera mejoría, con 71 días en septiembre, aunque seguiría a la cabeza de la morosidad en la comarca betanceira.

El Concello achaca en parte el retraso a la tardanza con la que la Diputación ingresa las subvenciones y que, según las estimaciones que recoge el informe, representarían entre el 81% de los pagos pendientes.

El alcalde, el popular Fernando Pérez, aprovechó la reunión que mantuvo la pasada semana con el presidente de la institución provincial, el socialista Valentín González Formoso, para solicitar más celeridad en los ingresos y más autonomía en las ayudas.

Y es que este pequeño concello de poco más de mil habitantes, población envejecida y dispersa, se ha visto abocado a aprobar un segundo plan económico financiero para intentar revertir una situación que en 2013 calificaba de "insostenible" y que, admite, "ha empeorado aparentemente de forma muy grave" en el pasado ejercicio.

A la elevada carga del gasto corriente y del personal se suma la creciente dependencia de ayudas de Vilasantar, que ha llegado al punto de no poder aportar el porcentaje que le corresponde al Concello. Y la situación no parece mejorar. Según la información disponible en la Oficina de Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda, la previsión es que la deuda viva se dispare hasta los 410.000 euros, un importe considerable para un concello que maneja un presupuesto de 1,2 millones.

Gobierno y oposición comparten preocupación por la crítica situación económica del Concello. El BNG la atribuye a la mala gestión del PP e incide en que concellos del entorno con similares características demográficas y de dispersión sí consiguen cuadrar sus cuentas.