El urbanismo ha provocado más de una situación anómala en el pequeño municipio rural de Bergondo, que se rige aún por una normativa urbanística de 1992. La última, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña, que condena al Concello a resolver ahora una licencia pendiente desde 1993.
Se trata del permiso de apertura de un restaurante de Guísamo, La Primavera, que ha funcionado de forma intermitente desde hace más de dos décadas y que ha desarrollado su actividad en una especie de limbo legal.
La Justicia ha dado la razón al titular de la empresa y reprueba la actuación del Concello de Bergondo por no resolver, ya sea afirmativa o negativamente, la solicitud del permiso.
La historia del local se remonta a 1987, año en el que obtuvo permiso de taberna. Seis años después, sus titulares solicitaron una nueva licencia para funcionar como restaurante. Todo apuntaba a que sería una tramitación sencilla, un mero trámite habida cuenta de que el local funcionaba ya como taberna. No fue así.
La tramitación encalló durante la búsqueda de los propietarios de los terrenos colindantes al establecimiento y nunca llegó a puerto. Las gestiones para dar con los titulares de las parcelas no dieron sus frutos y el expediente acabó en un cajón.
El Concello no fue el único que permitió que el expediente permaneciese inconcluso durante décadas. El Gobierno local sostiene que los gestores no presentaron una reclamación para que se resolviese el permiso hasta 2007.
El tiempo transcurrido provocó un nuevo incidente durante la tramitación de la licencia. Y es que los cambios en la ley de suelo habían afectado a la clasificación de los terrenos donde estaba asentado el restaurante, que pasaron a tener la consideración de rústicos, según explicó ayer el Ejecutivo.
El Gobierno municipal alegó durante el proceso judicial que había comunicado la resolución al titular del local, aunque admite que no se tramitó convenientemente. Al no disponer de una comunicación por escrito, el propietario del restaurante presentó un contencioso en 2012. La Justicia ha estimado parcialmente su recurso y condena ahora al Concello a resolver la solicitud de licencia, sin especificar en qué sentido.
El Concello ha apelado para que el juzgado aclare en base a qué ley debe resolver ahora la solicitud, si de acuerdo a la vigente en el momento de la petición o la que estaba en vigor en 1993.
