El pleno acordó ayer por unanimidad ampliar de 6 a 12,6 millones el crédito para pagar a los expropiados de Costa Miño Golf. Todos los grupos apelaron a la necesidad de pagar cuanto antes el principal de la deuda contraída con los afectados, que llevan más de una década inmersos en pleitos con la promotora, Martinsa Fadesa, y el Concello.

PP, PSOE y el alcalde no adscrito dejaron claro durante la sesión que no están dispuestos a acatar las recomendaciones de recortar servicios y personal y subir de tributos plasmadas por Intervención en un informe. El habilitado nacional insistió en el pleno que asumir este préstamo con el actual plazo de devolución obligará aprobar un plan de ajuste con medidas "dolorosas", como subir la tasa de basura y el IBI (este último entre un 20% o 25%); suprimir las ayudas (incluida la de transporte metropolitano) y prescindir del personal eventual, de trabajadores temporales a cuenta del Concello y de puestos vinculados a competencias externas.

Todas las formaciones felicitaron al interventor por su informe "intachable", pero defendieron la posibilidad de buscar otras vías para afrontar el préstamo. Entre otras, conseguir que el Estado amplíe el plazo de devolución (fijado en 10 años con 2 de carencia) o conseguir que Fadesa, en liquidación, asuma el pago. Hasta ahora, la Justicia han fallado en contra del Concello, condenado a responder subsidiariamente del pago de las expropiaciones por las irregularidades en la tramitación de la macrourbanización, como la de no pedir avales.

El alcalde, socialistas y populares dejaron claro en sus respectivas intervenciones que la ampliación del crédito hasta los 12 millones supone un difícil trago para un concello como el miñés, con un presupuesto de cinco millones. El regidor y único edil del Gobierno local, Ricardo Sánchez, abrió la sesión con una dura afirmación: "Este pleno marcará la vida de los próximos años", lamentó. El mandatario admitió que la aprobación del crédito deja un sabor "agridulce", ya que conllevará una "carga financiera difícil de sobrellevar". Sánchez Oroza defendió que Miño está obligado por "imperativo legal" a asumir este préstamo dado que la Justicia le ha obligado a presentar en febrero un plan de pagos a los afectados.

Al igual que los socialistas, el regidor cargó duramente contra el PP, por embarcar al municipio en una "orgía urbanística" salpicada por "graves errores en la tramitación" con el objetivo de "especular con el suelo", beneficiar a una empresa y obtener "dinero rápido" "¿Dónde estaba el interés público de la expropiación", se preguntó.

El portavoz socialista, Manuel V. Faraldo, coincidió con Ricardo Sánchez en la necesidad de buscar fórmulas para que sea Fadesa quien asuma el pago y no castigar a los vecinos con recortes e impuestos por actos de los que no son responsables. El líder del PSOE justificó su voto favorable al préstamo de los 12 millones por la necesidad de que los expropiados cobren cuanto antes y adujo que el Estado debía ampliar el plazo de devolución dado que había ampliado de motu propio hasta 12 su oferta de crédito.

Faraldo cargó con dureza contra los sucesivos gobiernos del PP por su gestión de este intrincado proceso urbanístico y por su defensa de los intereses de la inmobiliaria frente a los de los vecinos. El edil criticó que desoyesen las advertencias de afectados y oposición y se negasen a exigir los avales a la promotor y advirtió que cada día que pasa en resolver el problema supone a Miño 1.400 euros en intereses.

El exalcalde Jesús Veiga (PP) atribuyó a las gestiones de su partido la ampliación del crédito y se sumó a la necesidad de que los expropiados cobren cuanto antes. El popular defendió también que debe ser Fadesa quien asuma la deuda y se mostró confiado en conseguir una ampliación del crédito. Sobre su gestión de Costa Miño, fue esquivo. "Yo no me escapo de nada, pero yo no llevé esa gestión. Aún así, si piensan que soy responsable, pido disculpas".