Compró en 2005 por 111.187 euros una casa en Carnoedo cuya escritura estaba acompañada de un documento supuestamente suscrito por el Concello de Sada en el que se hacía constar una antigüedad falsa y se afirmaba que no se había tramitado ni se tramitaba ningún expediente de infracción urbanística.
Solo un año después, la Xunta decretó el derribo de la vivienda por ocupar suelo rústico de protección de costas, una orden que en 2011 fue ratificada por la Justicia en sentencia firme. El comprador, que había adquirido la casa tras su separación, se vio obligado a cargar con los costes de las obras de demolición, 7.840 euros, y mudarse a un piso de alquiler por 300 euros al mes.
La Audiencia Provincial, que ya condenó a la dueña de la vivienda por estafa y un delito contra la ordenación del territorio, ha castigado ahora también a su marido, al considerar probado que fue él quien llevó a cabo las gestiones para la venta, ocultando al comprador la existencia de las ilegalidades.
En contra de lo que mantuvo el acusado durante la vista oral, en la que negó haber participado en modo alguno en el engaño, los jueces consideran que hay pruebas más que suficientes para concluir que "participó activa y directamente en la actividad".
La Sala le ha condenado a seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y a un año de cárcel por estafa. El acusado deberá pagar además una multa de 6.480 euros y deberá indemnizar al comprador con 111.187 y 7.480 euros por los daños y perjuicios sufridos.
La Audiencia basa el fallo en varios indicios que demuestran la participación del ahora condenado en la venta de la vivienda. Entre otros, los jueces argumentan que el acusado era representante de una entidad dedicada a la construcción - firma que había vendido a su esposa otra finca de Carnoedo, en Campo das Martas, sobre la que se edificó otra vivienda ilegal, que también fue vendida a un comprador de buena fe-.
Los magistrados han dado validez al testimonio del afectado, que declaró durante el juicio que el ahora condenado no solo estaba presente en la notaría durante el acto de entrega de la escritura, sino que fue él quien llevó a cabo las negociaciones para la venta de la casa.
Otra de las pruebas que han sido decisivas para su condena es una solicitud que presentó él en nombre de su esposa en 2001 para pedir autorización para levantar una caseta en la finca en la que se había construido la vivienda.
Los jueces consideran probado que el acusado engañó al comprador para "conseguir un beneficio económico", "con la agravación de recaer sobre un bien de primera necesidad".
Este caso derivó en un paralelo contra el exconcejal José Luis Santamaría por la supuesta emisión en 2005 de un informe en calidad de alcalde accidental en el que afirmaba que sobre la casa no se había tramitado ni se tramitaba un expediente de legalidad urbanística y de que la vivienda tenía más antigüedad que la real. Según consta en el fallo, el exedil negó tajantemente su participación en los hechos.
