A CORUÑA

Los concellos evitan informar del coste de los servicios en los portales de transparencia

Betanzos es el único ayuntamiento que publica las actas de junta de gobierno y solo Bergondo y Sada dan cuenta a la ciudadanía de los contratos menores

14.01.2016 | 01:31
Entrada al salón de plenos de Arteixo, que hasta hace unos años impedía grabar los plenos.
Entrada al salón de plenos de Arteixo, que hasta hace unos años impedía grabar los plenos.

La comarca solo cumple a medias la Ley de Buen Gobierno, en vigor desde el 10 de diciembre

Todos los concellos adheridos al Consorcio As Mariñas salvo Oleiros han puesto en marcha en plazo el portal de transparencia al que obliga la nueva que entró en vigor el 10 de diciembre. La información que el ciudadano puede consultar en las respectivas web varía considerablemente, aunque todos presentan lagunas.

Los nueve municipios mantienen inactivos los apartados dedicados a informar al ciudadano del coste de los servicios públicos, su calidad y el grado de cumplimiento. Todos los concellos evitan informar también de los bienes municipales y del código ético y de buen gobierno.

Los ayuntamientos más rezagados a la hora de facilitar al ciudadano la información son Oleiros, Arteixo, seguidos de Abegondo y Carral. El Concello gobernado por el independiente Ángel García Seoane no ha habilitado aún el portal y en su página web no puede consultarse información sobre los acuerdos plenarios, presupuestos, salarios o declaraciones de bienes de los concejales.

Arteixo también se toma su tiempo en cumplir la nueva ley. El Concello gobernado por el popular Carlos Calvelo mantiene inoperativos los apartados destinados a dar cuenta a la ciudadanía de la declaración de bienes de los ediles, las ayudas concedidas a entidades, o los acuerdos de junta de gobierno. Su homólogo de Abegondo, José Antonio Santiso (PP), ha estrenado el portal de transparencia sin dar cuenta de los acuerdos plenarios, ni de las ayudas concedidas o la relación de bienes de los concejales.

Los concellos que más información facilitan en los nuevos portales de transparencia son Betanzos, Bergondo, Sada y Culleredo. El Concello betanceiro es el único que sube a la página web las actas de las juntas de gobierno, aunque con bastante retraso -la última disponible es del 8 de noviembre-.

El Ejecutivo municipal que preside Ramón García (PSOE) ha habilitado apartados de los que carecen el resto de los portales, como el dedicado a informar sobre el coste de los festejos, las concesiones -aunque incompleta- y, al menos, de parte de los informes del plan general (en tramitación).

Los concellos de Betanzos, Sada, Culleredo y Bergondo son los únicos que informan de las entidades beneficiadas por la concesión de ayudas nominativas, a dedo. Los ayuntamientos sadense y bergondés dan cuenta además de los contratos menores, que habitualmente no aparecen publicados en el perfil del contratante.

El Concello de Culleredo es el único que ha diseñado su propio portal de transparencia, el resto de los municipios han optado por utilizar la plantilla facilitada por la Diputación. Este Consistorio ofrece en su web información a mayores, como el plan general y sus modificaciones y otros planes estratégicos.

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno se abre paso con luces y sombras en los concellos de la primera corona del área metropolitana, pero su cumplimiento en el rural es todavía menor. Concellos como Coirós y Paderne no disponen todavía de esta herramienta, y el resto de los concellos mantienen inactivas buena parte de los apartados. Los ayuntamientos pequeños achacan en parte las deficiencias a la falta de personal para prestar este servicio.

Los consistorios prevén ampliar la información disponible durante los próximos meses. La ley obliga a ofrecer al ciudadano información puntual y periódica de sus planes, el estado de ejecución de los presupuestos, los contratos, convenios, subvenciones, así como informes de fiscalización, acuerdos, circulares y retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos.

La ley de transparencia no solo obliga a los ayuntamientos a informar puntualmente a los vecinos, también obliga a responder a sus solicitudes de información, aunque con restricciones. Los concellos podrán denegar las peticiones de acceso se podrán denegar si vulneran datos protegidos o pueden suponer un riesgo para la Administración.

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