El excalcalde de Cambre, el popular Manuel Rivas, es investigado por la gestión del festival Brincadeira que se celebró el verano de 2012. El exregidor tendrá que comparecer el próximo día 2 de febrero para declarar en calidad de investigado (figura que sustituye a la de imputado) y rendir cuentas sobre irregularidades en las facturas del festival, según confirman fuentes judiciales.

Rivas aseguró ayer no tener conocimiento de su citación y aseguró no tener "nada que ocultar". "Yo no he cometido ningún delito. Que investiguen lo que quieran y si hay que ir a declarar, se va sin ningún problema", manifestó el exalcalde.

El juez indaga el desfase del festival después de que en febrero de 2014 el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña apreciara indicios de delito al estudiar las cuentas a petición de la Fiscalía, ante quien había presentado denuncia el actual grupo de Gobierno, Unión por Cambre (UxC). El Ministerio Fiscal apreció un "notable desfase en el cumplimiento del convenio", y posibles "delitos contra la Administración pública relacionados con la disposición de fondos". El fiscal vio precisa "mas concreción" para calificar los posibles delitos como malversación o prevaricación.

Rivas deberá responder ante el juez de un déficit en las cuentas del festival de unos 170.000 euros, como arrojó el resultado de la cuenta general del Ayuntamiento de 2012, en la que constaba que el Ayuntamiento solo había ingresado 70.000 euros de los 239.000 previstos. Al año siguiente, el Concello cerró de nuevo las cuentas sin cobrar la parte pendiente del festival que debían abonar las empresas organizadoras. El Gobierno local, que dirigía Manuel Rivas, aseguró que había concedido una prórroga a las empresas para que realizasen el pago. La conta xeral de 2012 mencionaba, además, los "informes desfavorables" emitidos por Intervención en relación a las facturas presentadas por las empresas que se encargaron de la organización de los conciertos.

El líder del partido denunciante y actual alcalde, Óscar García Patiño, reprochó entonces a Rivas que el dinero pendiente de cobrar "nunca" había sido reclamado por el Ayuntamiento y que incumpliese los acuerdos plenarios para remitir la documentación sobre el festival a Fiscalía. El entonces regidor aseguró que la documentación se había enviado "por orden del alcalde" tras aprobarse la moción por unanimidad. Defendió, además, que Intervención "en ningún momento hizo reparos suspensivos, que son los previstos para aquellos casos en los que se incumple de manera flagrante el procedimiento administrativo". Además, alegó que el Valedor do Pobo no vio irregularidades en la gestión. Días después de conocerse que el juzgado investigaba la gestión del festival, UxC mostró las diligencias de la Fiscalía para probar que el Concello no le había remitido al Ministerio Fiscal los informes de Intervención.

En febrero de 2015, el juzgado dio al Concello un plazo de 15 días para que le remitiese un informe en el que se identificase la cuenta y la entidad bancaria en las que se preveía centralizar todos los ingresos y gastos del Brincadeira. Le exigió también que facilitase la identidad de la persona designada para acceder a los extractos de esa cuenta y la identidad del autor de las hojas contables que figuraban en la documentación entregada por Fiscalía. El Juzgado reclamó al Ayuntamiento, además, que aclarase los motivos del incumplimiento del reparto de ingresos que fijaba una de las cláusulas del convenio.