MIÑO

Cuenta nueva por la "gobernabilidad"

22.01.2016 | 01:20
El alcalde y concejales del PP de Miño, durante un pleno.

Ni lo que pueda haber bajo las alfombras ni las maneras de la "vieja política" han sido obstáculo para que el alcalde, Ricardo Sánchez Oroza, hiciera borrón y cuenta nueva y diera por buen socio al PP. Todo en aras de la "estabilidad" y la "gobernabilidad" que, según reconocen implícitamente los flamantes socios, faltó en los ocho meses que gobernó en solitario el regidor, único edil de su grupo y expulsado de Compromiso tras acceder al cargo con los votos de los populares, con quienes en su momento no logró un acuerdo. Pero para Sánchez Oroza, al final, era pactar o marcharse.

El propio alcalde dio el mes pasado un ultimátum: si en treinta días hábiles no se conformaba "un gobierno de mayoría", pondría su puesto a disposición del pleno para que gobernara la lista más votada, que en Miño es el PSOE. El aviso pudo dar el empujón que faltaba en las conversaciones que ya mantenían el regidor y los populares desde hacía semanas, simultáneas a las que el grupo que lidera Jesús Veiga celebró con el PSOE, con quien llegó a esbozar un preacuerdo que se ha quedado en nada.

En el acuerdo suscrito, el alcalde cede en el punto que había impedido el pacto inmediatamente después de la investidura: las competencias que reclamaba el PP, que Sánchez Oroza consideraba excesivas. Ahora, el regidor se ha conformado con las del área de Transparencia y Participación, además de continuar con su cargo y ejercer de portavoz del Gobierno. Todas las demás áreas recaerán en manos de los populares.

El regidor tendrá ahora tres años, si el pacto perdura, para cumplir su promesa de "levantar las alfombras" al tiempo que, desde dentro del Gobierno y al lado del partido al que criticó por su "total opacidad", podrá continuar teniendo acceso a la información que como concejal echaba en falta. Y en sus manos estará hacer uso del área de Transparencia y Participación para abrir la vía de información que reclamaba en campaña electoral.

La deuda de 20 millones de euros del Concello con los expropiados de Fadesa, según sentencia judicial, destaca entre las prioridades del nuevo Gobierno, según el acuerdo firmado el miércoles ante notario. Resarcir a los afectados fue, desde el inicio, uno de los propósitos que más preocupó al regidor y por los que dirigió más críticas a sus antecesores en el cargo, entre ellos, Jesús Veiga -a quien consideró "amortizado" tras 30 años en Gobierno local. Bajo el mandato de Sánchez Oroza, la Corporación local aprobó por unanimidad en el pleno aceptar un préstamo del Estado de 12,5 millones de euros para pagar a los expropiados -contra el consejo de interventor, que vio más prudente pedir seis millones-. Por ahora, el único plan del alcalde consiste en seguir solicitando una ampliación del plazo de devolución. Aunque ahora esta área ya pertenece a las competencias del PP.

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