El juzgado de lo Contencioso-administrativo número cuatro de A Coruña ha concedido tres días de plazo al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, para que informe de la ocupación de la parcela de la gasolinera de Santa Cruz, que prevé expropiar para construir una rotonda. El Concello tomó posesión de la estación de servicio el martes al entender que actuaba "bajo el amparo de la ley" mientras que la empresa y los trabajadores mostraron su rechazo y defienden que un auto emitido el pasado día 20 suspende cautelarmente la ocupación.
La juez exige ahora al alcalde que explique lo ocurrido. "Vistas las noticias aparecidas en los medios de comunicación, referidas al auto de fecha 20 de enero de 2016, notificado al Ayuntamiento de Oleiros en el mismo día, se requiere al señor presidente de la Corporación municipal al objeto de que en el plazo de tres días informe sobre la actuación de dicha Corporación en la ocupación de los terrenos e instalaciones".
El auto sobre cuya interpretación difieren Concello y empresa rechazó, en efecto, las medidas cautelarísimas que habían solicitado el empresario y los trabajadores para frenar la ocupación, por lo que el Concello interpretó que podía ocupar la gasolinera. Sin embargo, el escrito suspende la toma de posesión de la estación de servicio dado que el proceso sigue abierto, a la espera de que el Ayuntamiento justifique la expropiación del terreno, contra la que se ha presentado recurso en otro juzgado.
Horas antes de que se emitiese la providencia para reclamar información al alcalde, el abogado del empresario y de los trabajadores de la gasolinera remitió un escrito al juzgado para informarle de lo que había ocurrido el martes. El letrado apuntó que, en paralelo, estudiaría con la empresa y los empleados qué acciones emprender. El letrado considera "muy grave" el proceder del Gobierno local al considerar que el auto, que el Concello conocía, suspendía la ocupación.
El Gobierno sostiene que actuó "bajo el amparo de la ley " y critica las "interpretaciones aleatorias y propias de leguleyos respecto al expediente de expropiación". Afirma que el contrato de arrendamiento estaba caducado y que Cepsa "no tenía intención de prorrogar el contrato ante la deuda acumulada" por el empresario, Fernando Martínez, "que sobrepasaba los 200.000 euros". Defiende que el Concello "a quien expropia es a Cepsa", la titular del suelo, y que dio audiencia a los trabajadores pero "no llegaron a acreditar que fueran empleados".
C's ve "lamentable y obsoleto el abordaje a la gasolinera" y denuncia una "humillación" para los trabajadores, el pueblo y la concejal.
