Sentados en primera fila, los trabajadores de la empresa que explota la gasolinera de Santa Cruz, Taula, denunciaron ayer en el pleno la pérdida de sus empleos y la achacaron a la ocupación de la parcela por parte del Ayuntamiento, que consideran "ilegal". Los empleados insisten en que un auto judicial había suspendido la actuación municipal de modo cautelar, mientras que el alcalde, Ángel García Seaone, afirmó que no había tal paralización. La oposición reprochó al Gobierno su proceder, cuestionó la legalidad de la ocupación y criticó la "falta de sensibilidad" por no "esperar unos días" y no hablar con la plantilla.

"¡Ocupación ilegal!", gritaron los empleados en cuanto la oposición hizo referencia a su caso, al hilo de una moción presentada por el Gobierno local en apoyo a sindicalistas de Airbus para los que Fiscalía pide cárcel. Ante las protestas de los empleados, un policía municipal se disponía a echarlos de la sala y Seoane le ordenó que no lo hiciera. "Quiero que me escuchen", dijo el regidor, que más adelante les recordó que les expulsaría si alteraban el pleno, ante lo que los trabajadores decidieron marcharse ellos mismos. El regidor les pidió que se quedaran para oír su versión, pero ellos se negaron, le culparon de la pérdida de sus empleos y le afearon que no fuera a "dar la cara" el martes.

En una sesión tensa, el alcalde defendió que actuó conforme a la ley y responsabilizó de la situación de los trabajadores al empresario, al que acusó de "mentir" y "manipular" a la plantilla. Sostuvo que el contrato de arrendamiento acabó el día anterior a la ocupación y Cepsa no preveía renovarlo por una deuda y se ofreció a los trabajadores para ir "contra Martínez [Fernando]", el empresario. Recordó que fue alcalde de Cerceda y apuntó a que el proyecto de rotonda que evita la gasolinera se hizo porque en la Xunta del bipartito estaba un "amigo" suyo.

El Gobierno aprobó con la abstención de la oposición una modificación puntual del plan general. El proyecto para un aparcamiento provisional en Bastiagueiro se aprobó con el PSOE en contra y la abstención del resto de la oposición.