CULLEREDO

Sacristán, condenado a pagar 400 euros por una falta de amenazas a un policía municipal

El juzgado absuelve al alcalde de una falta de coacciones y le exime de indemnizar al denunciante al no ver probado que le causara baja laboral - El regidor recurre el fallo

29.01.2016 | 10:55
Sacristán, junto a su abogado, a la salida de los juzgados.

El alcalde de Culleredo, Julio Sacristán, ha sido condenado por una falta de amenazas a un policía municipal por el juzgado de instrucción número 3 de A Coruña, que le absuelve, sin embargo, de la falta de coacciones que también denunció la acusación. La sentencia condena al regidor a pagar 400 euros y le exime de la indemnización solicitada por el denunciante al dictar que su situación médica, que derivó en una baja por ansiedad, resulta anterior a la conversación de la que parte la denuncia. El alcalde ha recurrido la sentencia y niega que hubiera amenazas, aunque se muestra satisfecho con el fallo porque lo exime del delito de coacciones y le desvincula de la baja del policía.

"La amenaza dirigida contra el denunciante ha resultado acreditada y consta en la grabación la manifestación realizada en este sentido", falla la juez, en referencia a las palabras de Sacristán durante una conversación telefónica, que el alcalde inició para pedir explicaciones al policía por no intervenir en un concierto que se realizaba en un local sin licencia y durante la cual el regidor recordó al funcionario que no había cumplido su orden de cambiar un informe, que había hecho otro compañero. "No me cambiaste el informe, que no creas que me olvido, pero ya te lo tendré en cuenta", avisó Sacristán al policía. La sentencia se impone veinte días de multa a razón de veinte euros diarios.

El fallo dicta, sin embargo, que de las palabras del alcalde no se puede concluir "que exista acreditada una coacción". En cuanto a la baja vinculación de la baja laboral del denunciante con esa conversación, el fallo rechaza esta conexión. "Como consta en el informe remitido por el médico forense, la situación conflictiva laboral o de presión se viene produciendo desde hace aproximadamente dos años, por lo que, a los efectos de reflejar una cuantía en el concepto de responsabilidad civil, necesariamente derivada de los hechos enjuiciados, no se acredita que el hecho objeto de enjuiciamiento sea el detonante o único causante de la situación médica en que se encuentra", dicta. La juez detalla que "su situación es anterior en el tiempo y relacionada con otras situaciones de conflicto previas y distintas de la que aquí nos ocupa".

Sacristán asegura estar satisfecho con buena parte de la sentencia porque le absuelve de la falta de coacciones y le exime de pagar ninguna indemnización en concepto de responsabilidad civil. El alcalde celebra también que el fallo judicial "deja claro que la baja no tenía nada que ver con esa llamada". El regidor, no obstante, ha presentado un recurso contra la sentencia ya que no está de acuerdo en que se produjese una falta de amenazas. El regidor defendió en juicio que con su aviso se refería a abrir un expediente, que después no abrió por consejo, aseguró, de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que temieron que pudiera verse como una represalia, pese a que "no pudo acreditar" que en el momento en consultó a los jurídicos municipales ni él ni los funcionarios tuviesen constancia de que el policía había presentado una denuncia, apunta la juez.

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