El propietario de Invernos Galicia, empresa que compró la concesionaria del Centro Logístico de Transportes (CLT) de Ledoño, Obralar, Manuel Pato, denuncia que el Concello no le "reconoce" como titular de la concesión pese a que, defiende, compró los activos en la liquidación concursal de la empresa, dependiente de Martinsa-Fadesa, conforme a la ley. Asegura que emprenderá medidas judiciales para que el Ayuntamiento le permita acceder a toda la información, sostiene que cumple con los servicios que marca el contrato pese a que muchos empresarios del parque han dejado de pagar su cuota y asevera: "Aquí hay muchas trampas y cada día encontramos más". El Concello niega sus acusaciones y defiende que no dio la autorización legalmente necesaria, sostiene, para el traspaso de la concesión.
"En el fondo tengo ganas de que el Ayuntamiento se quede la concesión, a ver qué hace con ella. Pero que tome el relevo en todo, no nos vamos a quedar su deuda", sostiene Pato. El empresario atribuye al Concello la responsabilidad de una deuda de 110.000 euros que, denuncia, se generó "en los dos años que estuvo el Ayuntamiento" al frente del parque, afirmación que niega el Ejecutivo, que afirma que nunca llevó las riendas del polígono y achaca la deuda al periodo en que Obralar entró en concurso.
"Nos niegan ser parte para que no veamos la información. Vamos a recurrir al juzgado porque no nos deja ver la documentación", asegura Pato. El empresario defiende que tiene las "escrituras" de la compra de los activos de Obralar y que acudió "al juez y al notario" para formalizarlas, por lo que critica que el Ayuntamiento no le reconozca como concesionario. Pato cuestiona la supervisión por parte del Concello, que tenía un representante en el consejo de administración de la sociedad que gestionaba el polígono, CLT SAU. Además, sostiene que en una Junta de Gobierno celebrada en 2004 se modificaron las condiciones de la convocatoria del concurso, que data de 1999, para reducir los bienes que deberán revertir al Concello al finalizar en concreto y permitir que la empresa vendiera propiedades, y advierte de un "fraude de ley" en algunas ventas.
Pato lamenta también la reacción de los empresarios a su llegada al polígono. "En la junta de socios me ponen de estafador. Que me denuncien", afirma. Cuestiona la legitimidad de los actuales líderes de la asociación de empresarios y asegura que, de la anterior junta directiva, "dimitió el director, el resto no".
El empresario defiende que hace lo posible teniendo en cuenta la bajada en ingresos por cuotas. "El alcalde no nos reconocía y por esa cuestión de ilegalidad, muchos empresarios dejaron de pagar", afirma. La empresa cifra en 104.000 euros esta deuda. Asegura que cuenta con un conserje y vigilante, que paga un seguro y ha comprado una cortadora para el césped, de modo que cumple con lo que exige el reglamento. Sostiene, además, que el mantenimiento de los viales corresponde al Ayuntamiento. En los últimos días ha instalado luminarias LED en el parque, por lo que el Concello le requerirá información y seguirá "el trámite administrativo correspondiente" dado que, sostiene, debería haber pedido permiso para cambiar elementos comunes.
El jefe del gabinete técnico, Javier Varela, explica que no se reconoce a la empresa como concesionaria porque "el Concello no autorizó el traspaso de la concesión". Niega que el Ayuntamiento asumiera directamente la gestión del parque en ningún momento ni que tenga competencias de mantenimiento y afirma que el representante municipal se limitó a aprobar cuentas, "siempre auditadas". Ahora sí pretende rescindir el contrato y gestionar directamente el parque.
Defiende que no se cambiaron las bases del concurso y achaca las críticas a "confusión" entre la primera fase y la segunda y con las denominaciones de las parcelas en los planos. Asegura que la empresa cumplió con la primera parte, salvo la construcción de la ITV, porque la Xunta no la autorizó, y del hotel, proyecto con el que Obralar "lo intentó" pero no logró ofertas para el concurso que licitó. El Gobierno local matizó en pleno que, aunque reclamará rescindir el contrato alegando entrada en liquidación y no incumplimiento, reclamará daños y perjuicios.
