Expropiación, ocupación, precinto, resoluciones judiciales, ayer desmantelamiento de la gasolinera con presencia de tres patrullas policiales... El embrollo de la estación de servicio de Santa Cruz ha subido de octanaje hasta tal extremo que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 emitió una providencia el pasado martes en la que aprecia que existen indicios de delito en la actuación del regidor de Oleiros y de la primera teniente de alcalde y ha acordado enviar documentación a la Fiscalía para que se investigue si hubo una "infracción penal" al dictar "una resolución injusta a sabiendas o de desobediencia a resolución judicial" al ordenar precintar el recinto el pasado 26 de enero. La prevaricación o la desobediencia suponen inhabilitación en caso de condena.
La juez destaca en su providencia que el alcalde, Ángel García Seoane, envió un oficio al juzgado en el que no hacía referencia alguna al auto que dictó la sala el pasado 20 de enero en el que se advertía al Concello de que no podía ocupar los terrenos de la gasolinera hasta que se resolviese la petición de medida cautelar solicitada por la empresa que gestiona la estación, Distribuciones Taula, y que es la paralización de dicha ocupación. Tanto la empresa como los trabajadores y la propia multinacional Cepsa propietaria de la concesión presentaron recurso contra la expropiación de los terrenos acordada por el Concello y contra la revocación de la licencia.
La juez advierte de que García Seoane "ha hecho caso omiso a dicho auto pese a tener conocimiento del mismo y ser esgrimido en el acto de ocupación por el abogado" del empresario. En esta resolución la magistrada recuerda que no se puede iniciar la vía ejecutiva mientras está pendiente de resolver si se suspende la ocupación y reclama al alcalde que "ordene el desprecintado inmediato de los surtidores de gasolina", que se realizó el pasado día 26, y que "desocupe sus instalaciones y terrenos" mientras no haya resolución.
Al día siguiente, el pasado miércoles, la teniente de alcalde María Xosé Varela emitió una resolución a las 14.50 horas dirigida a Distribuciones Taula en la que resolvió "dar cumplimiento de lo ordenado" por la juez y "proceder al desprecintado inmediato de los surtidores" además de desocupar las instalaciones y los terrenos. También resolvió comunicar a Cepsa que paralizase el "desgasificado de las instalaciones", todo manteniendo las medidas de seguridad.
Sin embargo, después de esta orden en la que el Concello se enmendaba a sí mismo y daba marcha atrás resolviendo desprecintar lo que había precintado, ayer por la mañana la situación dio otro giro: dos furgonetas de la empresa Rafibra llegaron a la estación de servicio para desmantelarla pieza a pieza. Los empleados, que no habían sido notificados, se lo impidieron por lo que se avisó a la Policía Local, que acudió en tres patrullas. Al lugar acudió el responsable de la empresa Taula, Fernando Fernández, y su abogado (su hijo Fernando Fernández), que pidieron ver algún papel que autorizase el desmantelamiento sin que se lo enseñasen. También se lo solicitaron a la policía con el mismo resultado. Ni les confirmaron que era el Concello el que mandó desmantelar.
El empresario, alterado, advirtió a los operarios que no podían retirar todo lo perteneciente a Taula, como las mangueras y los boqueles y nada de la tienda. Fernando Martínez también exigió ver el plan de seguridad para desmantelar la gasolinera, que la empresa encargada dijo tener aunque no se lo enseñó. En la estación de servicio quedaban ayer aún unos 2.000 litros de gasóleo, que también fueron trasvasados en bidones, unas operaciones que se realizaron ante la presencia de curiosos a dos pasos de surtidores y tanques. Todo lo sucedido fue registrado por una cámara que sacó fotografías de lo que sucedía cada dos segundos.
El portavoz municipal del Partido Socialista, Jorge Pérez, calificó ayer de "hipocresía, demagogia y desatino" la actuación del Concello en la ocupación y precintado de la gasolinera. Pérez acusó a Seoane de tener "total desprecio hacia las resoluciones judiciales" y hacia el drama de los trabajadores que se quedan sin trabajo.
"Si el Ché levanta la cabeza sería sin duda para inflar a gorrazos a este alcalde", aseguró Pérez, quien subrayó que los argumentos del regidor son "propios de una peli de Berlanga".
