El pleno de Miño aprobó ayer con los únicos votos del alcalde y el PP recurrir la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que rechazó reconocer al Concello acreedor preferente de Martinsa-Fadesa. El PSOE optó por no votar este punto tras criticar la interposición de un recurso que podría acarrear al Ayuntamiento costas de hasta 300.000 euros y que tiene "escasas" posibilidades de prosperar, como reconoce el asesor jurídico de la Diputación que representa los intereses de Miño en el litigio.
Las manos alzadas de los populares y del regidor no adscrito, Ricardo Sánchez, dieron luz verde al recurso en un pleno bronco en que los socialistas acusaron al PP de llevar al Concello a un callejón sin salida por su "nefasta" gestión del caso Fadesa, mientras que el flamante Ejecutivo local le afeó al PSOE que pretenda "intentar obtener réditos políticos con un asunto en que es muy importante demostrar unidad para que sea Fadesa quien pague".
El Gobierno municipal admite que las posibilidades de que el recurso prospere son escasas (en torno a10 o 20%), pero apela a la necesidad de quemar hasta el último cartucho para recuperar los 20 millones que la Justicia le obliga a anticipar a los expropiados. "Si no presentamos el recurso aquí se acaba todo, el Concello no recuperará jamás el dinero", defendió el alcalde, que manifestó su confianza en que las costas sean "muy inferiores a los 300.000 euros".
La interposición del recurso correrá pareja de la presentación de un incidente de inejecución de la sentencia que anuló el acuerdo de 2002 por el que se adjudicó la concesión del desarrollo urbanístico. El Concello espera poder demostrar así que las obligaciones nacieron en 2002 y no en 2011, cuando se readjudicó el contrato, ya con la inmobiliaria en concurso.
La secretaria municipal aclaró que la interposición de este incidente de inejecución no pondrá en riesgo el pago de los expropiados, como temía el PSOE. La habilitada nacional recalcó que en ningún caso se recurrirá la responsabilidad subsidiaria del Concello y que el objetivo es demostrar que las obligaciones de la inmobiliaria nacieron en 2002 para que se reconozca la deuda de Miño como crédito contra la masa en la liquidación.
El Gobierno local, que ultima el plan de pagos, avanzó ayer que los expropiados cobrarán el principal de la deuda el 28 de febrero, gracias al préstamo de 12 millones aprobado por el Estado. El desembolso supondrá un paso importante para saldar la deuda y también un alivio para el Concello, ya que detendrá el contador de los intereses, que suben actualmente al ritmo de 1.400 euros diarios, y abrirá la puerta a negociar una quita en los intereses, que suman 8 millones.
El Ejecutivo puso ayer el acento en el inminente desembolso del principal de la deuda, pero sin concretar qué ajustes aprobará para garantizar la devolución del crédito. El Concello maneja un presupuesto de 5 millones y dispondrá de 10 años y dos de carencia para devolver el préstamo de 12 millones, un margen que tanto Intervención como el Gobierno local ven escaso.
El Concello había depositado todas sus esperanzas de salvarse de aplicar fuertes e impopulares recortes en que el juzgado accediese a declararlo acreedor preferente en la liquidación de Martinsa-Fadesa. La Justicia parece haber cerrado las puertas a esa posibilidad y el Concello admite que hay escasas probabilidades de que prospere su recurso, pero sigue sin concretar un plan alternativo.
Con motivo de la aceptación del préstamo de 12 millones, Intervención emitió un informe en el que advertía que el plazo de devolución obligaría aprobar un plan de ajuste con medidas "dolorosas", como subir la tasa de basura y el IBI (este último entre un 20% o 25%); suprimir las ayudas (incluida la de transporte metropolitano) y prescindir del personal eventual, de trabajadores temporales a cuenta del Concello y de puestos vinculados a competencias externas.
El alcalde, Ricardo Sánchez, admite que será preciso aplicar algunos "ajustes", pero descarta la subida de impuestos y el recorte de servicios que plantea el interventor. "No habrá un plan de ajuste salvaje", recalca. El regidor defiende que hay un plazo de carencia de dos años en el que solo prevé adoptar "medidas paliativas de ahorro" (como unificar contratos) y manifestó su esperanza de que el Estado se avenga a ampliar el plazo de devolución del préstamo. El Ejecutivo argumenta también que dispone de garantías tasadas por un importe de 7 millones, aunque admite que el precio de mercado es muy inferior (en torno a los tres millones).
El alcalde centra todas sus esperanzas en que la Justicia revoque el fallo que le denegó la consideración de acreedor preferente y que sea Fadesa quien pague. "Todo es posible. El Supremo acaba de revocar el fallo del Prestige, ¿no?", argumenta.
