El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña ha admitido parcialmente la denuncia interpuesta por la gestora del quiosco de la plaza Iglesia Nueva y condena al Concello a indemnizarla por retirar este punto de venta para ejecutar la rotonda de la avenida Barrié de la Maza, que entró en funcionamiento durante la última campaña electoral.
El juez ha anulado la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de abono del justiprecio que presentó la recurrente en agosto de 2014 y que reiteró el 16 de marzo de 2015, con el popular Ernesto Anido al frente del Ejecutivo.
La quiosquera interpuso la denuncia después de que el Gobierno local le enviase un requerimiento para comunicarle la retirada del punto de venta y le emplazase a retirar cualquier elemento o enser que pudiese haber en su interior.
El juez considera que, en contra de lo que mantuvo el anterior Gobierno municipal, sí procedía una indemnización por la extinción de la concesión y condena al Ayuntamiento a desembolsar a la demandante el justiprecio, aún por fijar, y que, según la recurrente, rondaría los 13.000 euros. El fallo es firme.
La controversia sobre si procedía o no indemnizar a la gestora de este quiosco giraba en torno a la vigencia de la concesión, que fue otorgada por acuerdo plenario en diciembre de 1987 y que debería haber finalizado en diciembre de 2002, pero que se prorrogó tácitamente durante años.
El juez argumenta en su sentencia que "superada la fecha de finalización la recurrente continuó explotando la concesión" por lo que "debe reconocerse que la recurrente ostentaba la titularidad de un derecho que no era libre e incondicionalmente disponible por el Ayuntamiento". El magistrado sostiene que la versión que mantuvo el Concello para oponerse a la reclamación "conduciría al absurdo" ya que, "de ser así, tampoco existiría el derecho de la administración a que el bien revertiese al fin de la concesión si esta se prorroga".
La cuantía que el Concello deberá abonar a la demandante se finalizará en ejecución de sentencia y en virtud de una pericial. El juzgado advierte de que no podrá superar los 13.218 euros.
