CULLEREDO

La Lei do Solo amenaza con demorar más el plan general de Culleredo, en trámite desde 1999

El Concello espera desde hace tres años los informes de Aviación Civil y Fomento para poder llevar a aprobación provisional el documento y evitar grandes modificaciones

21.02.2016 | 01:54
El alcalde, en una reunión de presentación del plan general a los vecinos.

Después de diecisiete años de trabajo y trámites para elaborar un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el Concello de Culleredo podría ver aún más retrasado el proceso si no recibe a tiempo dos informes que espera desde hace tres años. El Ayuntamiento necesita que la Dirección General de Aviación Civil y el Ministerio de Fomento envíen cuanto antes los documentos en que dan su visto bueno al proyecto urbanístico municipal para poder someterlo a aprobación provisional antes de la entrada en vigor de la Lei do Solo, el 19 de marzo.

En caso de que los informes no lleguen a tiempo, el Concello tendría que revisar qué partes del documento habría que modificar para ajustarlas a la nueva ley. En función de cuánto variase el proyecto su adaptación a la nueva norma, podría resultar necesario someterlo de nuevo a exposición pública. Si Aviación Civil y Fomento, en cambio, envían los informes pertinentes a tiempo y Culleredo aprueba su plan general de modo provisional, podría continuar su tramitación de acuerdo a la ley de 2002, como detallan las disposiciones transitorias de la Lei do Solo.

Alcaldes gallegos han alertado ya de que la adaptación a la nueva ley podría obligar a numerosos ayuntamientos a rehacer el trabajo que, en muchos casos, empezaron hace más de una década. En el caso de Culleredo, la tramitación del plan general comenzó en 1999, con la adjudicación de la redacción del plan a Prointec, empresa a la que nueve años después se rescindió el contrato. En 2009, se adjudicó de nuevo la redacción a Monteoliva, que elaboró el documento que se tramita en la actualidad. El Concello aprobó de modo inicial el plan en enero de 2013. Desde entonces, aguarda que los organismos afectados envíen los correspondientes informes para poder someter a aprobación provisional el proyecto, siempre que esos informes no requieran de modificaciones en el documento, lo que también imposibilitaría los plazos.

Cambre vivió una historia similar. Inició en 1997 la redacción de su proyecto, rescindió el contrato en 2008 con la primera redactora, Eptisa, y lo adjudicó de nuevo. La diferencia con Culleredo es que Cambre ni siquiera cuenta todavía con la aprobación inicial del plan. El Gobierno local anunciará en los próximos días su decisión sobre el documento entregado por la redactora, que no descarta rechazar, opción a la que casi le obligaría la entrada en vigor de la nueva ley. Carral adjudicó el plan en 2011 y tampoco lo ha aprobado en pleno.

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