El pago de la friolera de 12 millones de euros de las expropiaciones de Costa Miño Golf supondrá solo un punto y seguido en el intrincado proceso urbanístico que amenaza con quebrantar las arcas municipales del Concello miñés. El Ayuntamiento debe aún otros ocho millones por intereses y se enfrenta a más de sesenta demandas de los expropiados, que exigen en los juzgados un 25% más por sus terrenos por la anulación del proyecto expropiatorio de esta macrourbanización, paradigma en Galicia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Los juzgados recibirán en breve los 12 millones que el Estado ha prestado al Concello para afrontar la deuda principal. El crédito supone un balón de oxígeno para el Ayuntamiento y la recompensa para los cientos de vecinos que, desde 2001, combatieron un proyecto urbanístico que amenazaba con privarles de sus terrenos por cinco euros el metro cuadrado. Hicieron falta años de pleitos, de litigios contra Fadesa y el Concello, para conseguir que la Justicia les diese la razón y multiplicase por cuatro el valor de sus tierras.

Quince años de pancartas, de movilizaciones, de escritos sin respuesta, recursos y más recursos que han abierto una brecha difícil de sellar entre los afectados y el Concello. Las tiranteces que han marcado la relación entre los últimos gobiernos municipales y la asociación que aglutina a buena parte de los expropiados hace que negociar una quita en los intereses se antoje difícil. "Yo no pienso renunciar a nada", dejaba claro el portavoz del colectivo, Santiago González. Desde la asociación recalcan que cada afectado podrá negociar por su cuenta una quita en los intereses a cambio, supuestamente, de una mayor agilidad en el pago de los intereses; pero dejan claro también que están demasiado "quemados" para plegarse ahora a renunciar a una indemnización que les reconoce la Justicia y que ha sido "responsabilidad única del Concello".

El abogado de los expropiados, Jerónimo Escariz, ve "complicado" que el Ayuntamiento y sus representados puedan llegar a un entendimiento tras años de promesas incumplidas, de hacer oídos sordos a sus peticiones (como la de exigir los avales a Fadesa) y de recurrir hasta agotar todas las vías para alargar al máximo el pago. "Han muerto propietarios esperando cobrar la indemnización", lamenta uno de los afectados.

El cambio de alcalde tampoco parece que vaya a contribuir a un acercamiento. El actual regidor, Ricardo Sánchez, ha propuesto a los abogados de los expropiados que renuncien a una parte de los intereses (sin establecer un porcentaje) y también ha planteado que se comprometan a no interponer más demandas una vez cobren la deuda principal. El regidor propone a cambio de la quita más agilidad en el pago, pero sin fijar tampoco plazos, según explicó a este diario el abogado Jerónimo Escariz.

Este letrado, que defiende desde hace una década a los afectados, sostiene que serán ellos los que decidan individualmente si acceden o no a una quita. "Es complicado que acepten, son muchos años, la gente está quemada", sostiene este abogado, que ha tramitado ya otro alegato para exigir un 25% más por la anulación del proyecto expropiatorio y que desmiente que el fallo que legaliza la readjudicación de la urbanización a Martinsa-Fadesa deje sin efecto la sentencia de 2013 que anuló las expropiaciones.

Las últimas declaraciones del alcalde, Ricardo Sánchez, que ha llegado a cuestionar el precio de los terrenos fijado por la Justicia, han incrementado el malestar de parte de los afectados. Opinan, al igual que la oposición, que el Gobierno local intenta enfrentarlos al resto del pueblo, señalarlos como los culpables de las duras medidas que deberá adoptar para pagar las expropiaciones como responsable subsidiario. "Parece que somos nosotros los que arruinamos el Concello", se lamenta Santiago González, que insta al regidor a pedir responsabilidades a sus socios de gobierno. "Ha sido el PP el que ha provocado esta situación y ahora se presentan como los salvadores del pueblo. Si son los salvadores, ¿por qué no devuelven ellos el dinero?, que lo paguen de su bolsillo quienes han llevado al pueblo a esta situación", defiende.

Santiago no quiere hablar por los demás afectados, pero tiene claro que él no renunciará "absolutamente a nada". Y esperará lo que hace falta. "Nosotros no nos cansamos de esperar", bromea. Llevan haciéndolo quince años, recuerda.