La Diputación licita una nueva inspección de inmuebles urbanos y rústicos

Desde 2003 tramitó 134.837 expedientes en toda la provincia tras un convenio con el catastro - Los concellos de la comarca, menos Oleiros, cedieron esta gestión al ente

28.03.2016 | 01:47
Demoliciones, como las de los chalés en Perillo (Oleiros) en 2015, también serán revisadas en esta inspección.

El organismo provincial coruñés acaba de sacar a contratación por un importe máximo de 185.000 euros los trabajos para tramitar expedientes catastrales relacionados con nuevas construcciones, ampliaciones o reformas de viviendas; agrupaciones o segregaciones de terrenos; cambios de usos de fincas; o modificaciones en la propiedad de inmuebles. Los trabajos se refieren a bienes inmuebles urbanos y construcciones en suelo rústico y la empresa que resulte adjudicataria de este contrato deberá realizar trabajos de campo, efectuar comprobaciones y mediciones de los datos declarados por los propietarios además de localizar inmuebles que deben ser objeto de un plan de regularización (legalización).

Hacienda lleva a cabo desde 2013, en todo el territorio nacional, una revisión general de todos los inmuebles para actualizar su valor y dar de alta obras o ampliaciones sin declarar. En este trabajo colabora la Diputación de A Coruña, que tiene suscrito un convenio con el catastro desde 2003. Ahora ha licitado una ampliación de esta labor que afecta a los concellos de la provincia que dieron permiso al ente provincial para realizar su gestión catastral (77). En la comarca coruñesa todos tienen delegada esta competencia en la Diputación excepto Oleiros, que la gestiona directamente (también el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI).

Desde el primer convenio entre la Diputación y el catastro en 2003, el organismo provincial recibió 46.240 expedientes de alteraciones catastrales correspondientes a 135.231 bienes ubicados en estos ayuntamientos con esta competencia delegada. De estos bienes, ya tramitó 134.837 bienes hasta ahora a través de varios contratos.

La Diputación ha ampliado su colaboración con el Catastro y ha asumido la tramitación de expedientes relativos a nuevas construcciones, ampliaciones, reformas o rehabilitaciones; agregaciones, agrupaciones, segregaciones o divisiones de bienes inmuebles; y cambios de cultivo o aprovechamiento, de uso, demolición o derribo de inmuebles. También deberá tramitar expedientes relativos a la alteración de titularidad (nuevos propietarios por compra o herencia), o variación en la cuota de participación en los inmuebles.

Este organismo también colaborará en la detección de alteraciones susceptibles de incorporarse a planes de regularización. Por ejemplo, piscinas, galpones, garajes o ampliaciones de viviendas que no han sido declaradas al Catastro (y que suponen un incremento de su valor y por lo tanto un aumento del impuesto a pagar, el IBI). Este proceso de regularización ya se puso en marcha en muchos ayuntamientos y supone el pago obligatorio de una tasa de 60 euros por los trabajos de legalización. La legislación obliga a comunicar estas alteraciones en la propiedad en dos meses. Este proceso de regularización catastral está previsto que continúe hasta 2017.

La adjudicataria deberá conseguir la documentación necesaria para completar los expedientes: acudir a ver las casas y terrenos y hacer mediciones, conseguir escritura, notas del registro o certificados del Concello, entre otros. Se pretende elaborar un "mapa de detección de incidencias" con las discrepancias entre la realidad y la base de datos catastral de cada concello.

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