El Gobierno local de Miño emitió ayer un comunicado en el que avisaba de la retirada del orden del día del pleno de hoy de la aprobación del expediente de suplemento de crédito que permitía el pago de parte del dinero adeudado a los expropiados de Martinsa-Fadesa, 12,5 millones de los más de veinte que debe pagar como responsable civil subsidiario. El alcalde anunció hace poco que el 28 de febrero estarían ingresados en una cuenta del juzgado estos 12,5 millones pero terminará este mes de marzo sin que los expropiados vean un final a los quince años del calvario en el que les metió su Concello.
El Ejecutivo local asegura que retira el punto del orden del día para "estudiar con más detenimiento el informe de Intervención municipal" y para "asegurar que no habrá ningún retraso más", mientras, de hecho, demora de nuevo la solución, aplazándola para un pleno "monográfico" que tendrá lugar la próxima semana.
El interventor realizó un informe sobre cómo afrontaría el Concello el abono de la deuda total a los expropiados el pasado mes de febrero, en el que, según indicó en un pleno, habría que tomar medidas como una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 25%, un aumento de la tasa de basura o suprimir o recolocar a trabajadores eventuales.
El grupo de la oposición, el PSOE, no ha podido ver este informe del interventor, se le negó en la comisión de cuentas. Esta actitud por parte de la Oficina de Transparencia del Concello de Miño ha llevado al Partido Socialista a estudiar "medidas legales", acudir a la vía judicial ante la negativa del Ejecutivo a entregarles este informe.
"Podrían habérnoslo entregado hoy [por ayer], el día antes del pleno, y ya lo estudiábamos, por lo que no hacía falta retirarlo del orden del día y demorar de nuevo el pago a los expropiados, les están tomando el pleno, es una burla añadida esta demora sin explicación ni argumentos", explicó el portavoz socialista Manuel Faraldo.
El concejal destaca que el Gobierno local ahora quiere encargar "otro informe de Intervención" porque no le ha gustado el primero. "Cada día de demora en el pago de la deuda a los expropiados son 1.400 euros más a abonar", alertó Faraldo.
El Gobierno presidido por Ricardo Sánchez asegura que en el pleno de la próxima semana ya se concluirá la tramitación del expediente de abono y también "se expondrá el plan económico" que el Concello llevará a cabo para cancelar el crédito concedido por el Estado, 12,5 millones de euros a devolver en diez años con dos años de carencia. Señala que aún la pasada semana tramitó modificaciones de crédito por nuevas sentencias de los tribunales a favor de los expropiados.
El Gobierno local ha destacado, en el comunicado enviado ayer, que insiste en que la cancelación de este préstamo (en un concello con 5 millones de presupuesto) "no implicará una subida del IBI para los vecinos de Miño".
