El Concello de Miño ha marcado como máxima prioridad en el gasto la devolución del crédito de 12 millones para pagar a los expropiados de Costa Miño Golf. El Gobierno local, que todavía no ha convocado el pleno en que se fije el plan de pagos, ha aprobado un Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería que marcará las prioridades en la ejecución de pagos.
El proyecto contable, firmado por el concejal de Facenda, Agustín Andrés, establece un orden de preferencia que pasa por anteponer el pago de préstamos y créditos y que, justifica en base al controvertido artículo de la Constitución por el Gobierno de Zapatero que dio "prioridad absoluta" al pago de la deuda.
El Concello establece ocho puestos en el ranking de prioridades. El primero, el préstamo. El segundo, el pago de los gastos de personal; el tercero, la retribución de cuotas sociales y tributos. El Gobierno local sitúa como su cuarta prioridad el pago de sentencias, que incluiría el desembolso de los más de nueve millones pendientes a los expropiados por Fadesa.
Todos estos pagos tienen prioridad frente a los gastos de carácter benéfico-asistencial y para la atención de grupos con necesidades especiales, que delega al quinto puesto de sus prioridades. Los pagos derivados de obligaciones comerciales de ejercicios anteriores y del corriente se sitúan por encima de las subvenciones. El otorgamiento de subvenciones ocupa el último lugar en la lista de prioridades que marca el Gobierno local.
El Concello de Miño publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este plan, que subordina los pagos a la liquidez y con el que pretende marcar los criterios a seguir en la expedición de las órdenes de pago . El Gobierno local deberá presentar un plan económico-financiero que garantice el pago del préstamo de 12,5 millones para pagar a los expropiados.
El Ayuntamiento, que solo dispone de un presupuesto de 5,3 millones, deberá realizar importantes sacrificios para garantizar la devolución del crédito en diez años. El interventor municipal emitió un informe, que el Ejecutivo se ha negado a hacer público, en el que recomienda adoptar una serie de medidas drásticas, entre ellas una subida del IBI de hasta el 0,80 y recortes en personal, ayudas y servicios.
El alcalde, Ricardo Sánchez Oroza, insiste en que no subirá los impuestos a los vecinos, aunque sigue sin explicar qué medidas tiene previsto poner en marcha para garantizar el pago en diez años de una deuda que multiplica por tres su presupuesto. El regidor, que se había comprometido a convocar esta semana el pleno para habilitar la partida de 12,5 millones que permita pagar el principal de la deuda de Fadesa, mantuvo varios encuentros con Xunta y Diputación para analizar las medidas a articular. Fuentes próximas a la negociación informaron a este medio que se baraja la posibilidad de renunciar a parte del préstamo, un extremo que el alcalde niega. Oroza admite que se trata que cuadrar los números resulta complicado, pero se niega a aceptar las recomendaciones de Intervención.
