El pleno de Abegondo aprobó ayer por unanimidad reformar la ordenanza de prestación de servicios urbanísticos para incluir una tasa de 100 euros por la presentación de denuncias. El Gobierno local (PP) proponía fijar en 200 euros la cuantía que deberá pagar un residente para denunciar la supuesta infracción urbanística perpetrada por otro particular, aunque finalmente se avino a reducir el importe a la mitad. Lo hizo a petición de Alternativa por Abegondo, que admitió compartir la "filosofía" de la propuesta aunque consideró "excesiva" la cuantía. Anova no asistió al pleno.
Abegondo será el único municipio del área que regule por ordenanza el cobro de una tasa por denuncias urbanísticas entre particulares. El Ejecutivo justificó la propuesta alegando a la existencia de vecinos "que no se llevan bien y que llevan hasta cinco años denunciándose mutuamente". "Es insoportable", adujo el alcalde, José Antonio Santiso Miramontes. El regidor recalcó que se trata de una propuesta de los servicios urbanísticos para evitar que se sature el departamento y defendió durante la sesión que "las denuncias deberían presentarse en los juzgados". "Pero como aquí es gratis", ironizó.
El punto dio pie a una anómala negociación sobre la cuantía que debe cobrarse a los vecinos por presentar una denuncia urbanística y la Corporación no tuvo inconveniente en modificar el importe sobre la marcha. La portavoz de AxA, Fátima Ínsua, abrió el debate al cuestionar el precio de la tasa. "Es excesivo", criticó. La edil aseguró compartir con el Gobierno local la necesidad de tomar medidas para evitar que se presenten denuncias urbanísticas por posibles "rencillas personales, pero dejó claro que no aprobaba" el importe. "Es verdad que algunos lo hacen para darse por saco, pero votaremos en contra de la cuantía", sostuvo.
El alcalde se mostró dispuesto a negociar el precio. "200 es lo que nos proponen los técnicos. ¿Tú cuánto propones?", respondió a la independiente. Tras consultar con su compañero, Fátima Ínsua realizó una contraoferta: "¿50 euros?", preguntó. El alcalde se encogió de hombros y consultó a los suyos. Desde el PP se mostraron contrarios y replicaron que 50 euros no tendría efectos disuasorios y no cubriría los gastos de desplazarse hasta el lugar en el que se cometió supuesta infracción urbanística y hacer las comprobaciones oportunas. "¿Y cien?", preguntó Santiso. Los suyos asintieron. Y AxA también. "Yo por ganas pondría mil euros, pero me da igual dejarlo en 100", concluyó Santiso. El asunto fue aprobado por unanimidad.
A consulta de este diario sobre el posible efecto inhibidor de esta tasa entre denunciantes de buena fe (sobre todo menos recursos), Fátima Ínsua sostuvo que después del pleno había planteado a Secretaría la posibilidad de introducir una cláusula para devolver el dinero en caso de que se demuestre la veracidad de la infracción. El alcalde replicó, también a preguntas de este medio, que no tendría inconveniente en estudiar la propuesta.
Pago a proveedores
El pleno aprobó también la creación de una oficina de atención al ciudadano para "mejorar la coordinación entre departamentos" y ofrecer una primera atención. Esta nueva unidad atenderá de forma presencial, telefónica y telemática. La sesión permitirá dar también luz verde al plan económico financiero por el déficit de 2014. El alcalde matizó que no se fusionarán fiestas, sino que se reutilizarán las infraestructuras. En la de Xuventude tiene previsto renunciar a las orquestas. El regidor no avanzó el porcentaje de subida del impuesto de vehículos, aunque aseguró que "seguirá siendo el más bajo de la comarca". El pleno dio cuenta también de la reducción del período medio de pago a proveedores de 18 a 4,9 días en el último trimestre de 2015.
