El acuerdo unánime del pleno de Abegondo (con la ausencia de Anova) de cobrar a los vecinos que presenten una denuncia urbanística ha provocado las quejas de particulares afectados, gabinetes jurídicos, partidos políticos sin representación en el Ayuntamiento como el BNG y, también, del Colegio de Abogados de A Coruña, que considera que esta imposición monetaria "coarta un derecho" de los vecinos.

"Las tasas se imponen por prestar un servicio y el ciudadano que denuncia una infracción lo que hace es prestar un servicio al Ayuntamiento", argumenta su presidente, Augusto Pérez-Cepeda. El Concello apela al "colapso" de Urbanismo y a la necesidad de "disuadir" a los vecinos que interpongan denuncias por "rencillas personales".

E¿En qué consiste la tasa? El Gobierno local elevó a pleno una propuesta que pasaba por reformar la ordenanza por la prestación de servicios urbanísticos para incluir una tasa de 200 euros "por cualquier tipo de denuncia". El Ejecutivo se avino durante la sesión a reducirla a 100 euros tras tachar Alternativa por Abegondo el importe de "excesivo".

E¿Existen tarifas similares en la comarca? No. El Concello de Abegondo es el primero en aprobar una tasa por la imposición de denuncias urbanísticas, aunque también es uno de los pocos con un plan general en vigor, uno de los requisitos para la aprobación de una ordenanza de servicios urbanísticos. Ayuntamientos como A Coruña, con PGOM, no recogen las denuncias urbanísticas entre los hechos imponibles. Fuentes próximas al Gobierno de Abegondo apelan a la existencia de otros municipios que aplican estas tarifas. Uno de los antecedentes que ha encontrado este diario es Málaga, que aprobó una tasa de 120 euros también muy contestada.

E¿Qué argumenta el Concello? El Ejecutivo sostiene que la tasa dispone de los informes favorables de Secretaría e Intervención y atribuye la medida al "colapso" de Urbanismo por el cruce de denuncias entre particulares que, en opinión del Consistorio, responden a "rencillas personales". El alcalde cree que este tipo de conflictos deben dirimirse "en los juzgados" y argumenta que con la tasa pretende compensar el gasto en desplazamientos y el tiempo invertido en comprobar la veracidad de la denuncia.

E¿Qué replican los detractores? El Colegio de Abogados se manifiesta en la misma línea que despachos como el de Liaño Flores. Este bufete vinculó la tasa al desinterés del Concello por velar por la legalidad urbanística e hizo público varios informes en los que el Valedor do Pobo acusa al Concello abegondés de entorpecer una investigación. Sin entrar en casos particulares, el presidente del Colegio de Abogados coincide con este despacho en que la tasa "limita un derecho" y califica de "bastante forzada" la argumentación del Concello, al que insta a "buscar otra fórmula" para evitar el colapso. "Si ve que una denuncia no tiene sentido no tiene por qué cursarla", incide. Su presidente, Augusto Pérez-Cepeda, recalca que los ayuntamientos tienen competencias en materia urbanística y que no son los vecinos los que dictan las leyes. El BNG, sin representación en Abegondo, acusa al Ejecutivo de "dejar indefensa a la ciudadanía" y "hacer un uso fraudulento" de un tributo que impone, en su opinión, para evitar" sancionar a quienes se salten las normas".

E¿El Ayuntamiento se plantea cambios? El Ejecutivo se muestra dispuesto a estudiar la propuesta que AxA planteó horas después del pleno de devolver el dinero si la denuncia prospera.