El Ejecutivo ha cambiado hasta tres veces de criterio en relación al crédito para pagar a los expropiados. Un repaso a las hemerotecas deja en evidencia los vaivenes y declaraciones contradictorias que han marcado un proceso que todavía podría registrar más cambios si el juzgado tumba la última propuesta.

E30 de julio de 2015: Miño aprueba un crédito de 6 millones. El alcalde, Ricardo Sánchez, era en aquel momento el único integrante del Ejecutivo. El regidor, PSOE y PP aceptaron entonces la propuesta del interventor, que consideraba inviable solicitar un crédito superior a los 6 millones a devolver a diez años. El habilitado nacional dejó claro desde el principio que esta cantidad era la única que consideraba asumible para las arcas municipales si no se ampliaba el plazo de devolución. El funcionario ya advertía que la aceptación de un crédito de 6 millones por parte de un Concello que maneja un presupuesto de cinco obligaría a realizar ajustes en ayudas, recortar gastos en administración (en torno al 5%) y fiestas, transferir competencias impropias como la escuela infantil o los servicios de consejería del centro de salud, entre otros. La solicitud del crédito fue aprobada por unanimidad. El alcalde, Ricardo Sánchez, ya se mostró en aquel momento contrario a aceptar algunas de las recomendaciones de Intervención.

E9 de diciembre: Miño aprueba un préstamo de 12,5 millones. En una sorpresiva vuelta de tuerca, el Concello propuso cinco meses después aceptar un crédito del Estado por 12,5 millones, el total de la deuda principal. El Ejecutivo argumentó que era la cantidad que le había otorgado el Gobierno y que se veía obligado a aceptar "por imperativo legal" . La propuesta fue aprobada por unanimidad pese a que el interventor advirtió que este crédito obligaría a aplicar medidas "dolorosas": subida de tasas e IBI, supresión de ayudas y de personal eventual y temporal y un largo etcétera de recortes. El Ejecutivo dejó claro que no acataría las propuestas, pero sin avanzar alternativas. Todos los grupos depositaron su esperanza de que el Estado ampliaría el plazo de devolución y apelaron a la necesidad de pagar la deuda principal para que dejasen de correr los intereses (actualmente a un ritmo de cerca 1000 euros al día). El PP, incluso, se jactó de que había sido el delegado provincial, Diego Calvo, el que había realizado gestiones para la ampliación del préstamo.

EMartes 12 de abril de 2016: Miño anuncia que renunciará a la mitad del préstamo. El Gobierno local anunció ayer que elevarán finalmente a pleno un plan de pagos y de ajuste por 6 millones -una posibilidad que el regidor negó hace una semana a consulta de este medio-. El Gobierno local, que durante meses insistió en que podía articularse medidas mucho menos dolorosas que las que incluía Intervención, admitía ayer que sin una ampliación del plazo de devolución el préstamo es inasumible. La oposición le acusa de dar "palos de ciego" y advierte que con este cambio la deuda seguirá generando intereses a un ritmo de 1.000 euros diarios que deberán pagar los vecinos.