El Concello de Oleiros procedió ayer a desalojar la gasolinera de Santa Cruz entre quejas de la empresa gestora, que cree que el Gobierno local vulnera otra vez sus derechos al no esperar a que el juzgado resuelva un recurso de casación contra la desestimación de su petición de medidas cautelares.

El abogado, Fernando Martínez, mostró ayer a los medios un auto del juzgado del 13 de abril en el que resuelve dar cinco días al Concello para que presente alegaciones al recurso contra el desalojo. La primera teniente de alcalde, María José Varela , sostiene que ese plazo hace alusión al procedimiento judicial y que no guarda relación con la orden de desahucio vía administrativa.

"Son diferentes interpretaciones, pero ante la mínima duda deberían ser prudentes", terció el representante legal de la empresa. Aunque el precinto y vaciado de las instalaciones se produjo sin incidencias, era más que patente el malestar de los titulares de la empresa Distribuidores Taula. Y también de los trabajadores: "Estamos todos atacados", resumía ayer una de las empleadas que, al igual que sus compañeros, se ha sumado al recurso contencioso presentado por la compañía contra la revocación de las licencias y la denegación de medidas cautelares.

La empresa que explota las instalaciones lamentó ayer además la premura del Gobierno en decretar la ocupación y el desalojo de las instalaciones. Asegura que la notificación fue decretada el pasado lunes 11 de abril.

El desalojo de la gasolinera llega después de que el juzgado de lo contencioso desestimase en primera instancia la petición de paralizar la ocupación de las instalaciones. El juez atendió las alegaciones del Concello al entender que es más importante el interés general, la construcción de la glorieta que permitirá mayor fluidez de tráfico, que el interés particular de esta actividad privada, cuya desaparición además es cuantificable e indemnizable. La empresa critica que el proyecto de la rotonda "no está ni aprobado".