El malestar de los empresarios y trabajadores de la gasolinera por la ocupación y desalojo era más que patente, aunque en ningún momento entorpecieron las labores de precinto. En un momento dado, el encargado de la compañía mostró unos recibos a la prensa para denunciar que el Concello ordenaba su desalojo forzoso sin abonar una deuda por la compra de combustible de 239 euros. El Gobierno local dejó claro desde el primer momento que no habría más prórrogas. "Se van a hacer las cosas por las buenas o por las malas", advirtió uno de los funcionarios que acudió al acto de ocupación. Mientras que el Concello sostiene que la orden de desalojo es independiente de los procesos judiciales en curso, los recurrentes lamentan la "falta de prudencia" del Consistorio y critican que se tomen decisiones "irreversibles" en caso de que, finalmente, la Justicia les dé la razón.
