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MIÑO

"Estamos hartos de tantas largas"

El exalcalde y veterano edil popular Jesús Veiga caldea más los ánimos entre los expropiados por Fadesa al evitar asumir su responsabilidad. "No me arrepiento de nada", afirma el edil, que defendió que él solo firmó la adjudicación

16.04.2016 | 13:48
Integrantes del Gobierno de Miño, ayer, en la charla para informar de su decisión de posponer los pagos.

"Hartos", cansados", "decepcionados", "engañados". Así aseguraban sentirse ayer decenas de expropiados para construir la macrourbanización en Miño que acudieron a la charla informativa convocada por el Gobierno local para informarles de su decisión de renunciar a pagarles el principal de la deuda. Doce millones de euros que finalmente, y pese a las reiteradas promesas, no llegarán este año a sus bolsillos.

Al menos esa es la pretensión del Ejecutivo, que plantea renunciar al 50% del préstamo concedido por el Estado para no verse obligado a adoptar medidas "muy dolorosas" advertidas hace ya meses por Intervención como subir el IBI hasta el 0,80% y a suprimir subvenciones que pondrían en riesgo servicios como la escuela infantil o la apertura del centro de día. "No podemos llevar a Miño a un callejón sin salida".

Los argumentos del Ejecutivo municipal no convencieron ni de lejos a los afectados que ayer abarrotaron el centro social de A Rúa. Algunos de edad avanzada, como Antonio Rodríguez, que no podía contener su indignación. "Ustedes debieron pensar todo eso a su debido tiempo, pero se durmieron los laureles, se negaron a pedir los avales a Fadesa y por eso estamos donde estamos. Nosotros estamos cansados de tanto darle vueltas al asunto, de tantas largas... Hagan lo que sean para resolverlo, pero no a nuestra costa", increpó al alcalde, Ricardo Sánchez y los seis ediles del PP.

La decepción era más que palpable en todas las intervenciones de los afectados. Y el cabreo. Solo hace un mes que el Ejecutivo local afirmó rotundamente que los expropiados cobrarían la deuda principal en cuestión de semanas. "Quieren confundirnos completamente", les echó en cara una afectada.

"Decías que ibas a pagar y ahora estás ahí sentado con ese señor (por el exalcalde Jesús Veiga) . No has cumplido nada de lo que prometiste, te has fusionados con el equipo que montó este tinglado [por el PP] y ahora nos cargas con el mochuelo. ¿Dónde están esas alfombras que ibas a levantar?", increpó al alcalde otro vecino.

Una lluvia de reproches que el alcalde encajó con gesto adusto y más de una mirada hacia la mesa, pero sin vacilar ni por un momento. El regidor se mantuvo firme en que aplazar el pago de la deuda principal diez años era la "única manera de casar el interés particular con el general de todos los vecinos". Un argumento que repitió insistentemente y que indignó todavía más a los afectados. "No son intereses particulares, no los contrapongas con los del resto de la gente. Nosotros también somos vecinos de Miño", le reprochó María Jesús, que le recordó al Ejecutivo que la "obligación de pago no desaparece". "Es más, se acrecienta porque sigue generando intereses. ¿Qué intereses generales defiendes?", le increpó.

Ricardo Sánchez no fue la única diana de los reproches. Su mano derecha, el veterano edil Jesús Veiga, fue el blanco de las críticas por la herencia que él y su partido ha dejado a Miño. Los vecinos acusaron al Ejecutivo de pretender "cargarles" a ellos con la irregularidades en la tramitación del complejo urbanístico. Veiga no solo no pidió disculpas, sino que sacó pecho. "No me arrepiento de nada", replicó a los expropiados. El incombustible edil, que lleva más de 30 años en la política miñesa, defendió que él solo firmó la adjudicación - que redujo a "un acto administrativo"- y que pidió avales a Fadesa en 2008. Su respuesta caldeó más el ambiente. "Si tan bien hiciste las cosas ¿por qué debemos 21 millones?", le increpó un asistente.

Al acto asistieron políticos como Miguel Abraira, que reclamó al Ejecutivo que exija a la Xunta que pague parte de la deuda por permitir la actuación. Solo el alcalde asintió. La reunión se diluyó sin acuerdo. Los expropiados están convencidos de que la Justicia no admitirá el plan de pagos. El Ejecutivo se comprometió a ampliar los fondos si el Estado amplía el plazo de devolución. El PSOE pidió al Gobierno local que recapacite. En la comisión informativa todos los grupos se abstuvieron.

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