MIÑO

15 años del 'caso Fadesa' entre comillas

De fuente inagotable de ingresos a pozo sin fondo. De viviendas de lujo a casas a precio de ganga. La macrourbanización de Fadesa en Miño amenaza con quebrar las arcas municipales y el Concello afronta una semana clave con los expropiados en pie de guerra por la decisión de renunciar al 50% del préstamo para pagar el principal de la deuda. Un repaso a 15 años...

17.04.2016 | 14:51
Manifestación de los expropiados hace ahora diez años.

De fuente inagotable de ingresos a pozo sin fondo. De viviendas de lujo a casas a precio de ganga. La macrourbanización de Fadesa en Miño amenaza con quebrar las arcas municipales y el Concello afronta una semana clave con los expropiados en pie de guerra por la decisión de renunciar al 50% del préstamo para pagar el principal de la deuda. Un repaso a 15 años de declaraciones de afectados y Concello deja en entredicho la gestión de este macroproyecto urbanístico, paradigma de la fiebre del ladrillo.

►"Es un proyecto residencial único, va a ser el motor del municipio". Año 2001. En plena fiebre del ladrillo, el por entonces alcalde, Deogracias Romeu (PP) firma sin conocimiento del pleno municipal un convenio urbanístico con Fadesa que le faculta para la construcción de una urbanización de 1.200 viviendas, un hotel y un campo de golf. Un mes después, el regidor eleva el acuerdo a pleno para su ratificación. "Es un proyecto residencial único, va a ser el motor del municipio", vaticinaba el mandatario.

►"Nos sentimos presionados a vender las tierras. Nos dicen que tenemos que pensar en vivir del turismo y no de las vacas". No tardan en producirse las primeras quejas de los propietarios de Perbes y San Xoán de Vilanova. El 2001 un grupo de vecinos denunció sentirse "presionados para vender las tierras muy por debajo de su valor". Los residentes criticaban que solo disponían de la información facilitada por Fadesa y la Asociación de Vecinos de Xarío, la entidad que promovía la iniciativa y que presidía el concejal del PP -después asesor- Juan Herva. El convenio firmado por Deogracias Romeu y Fadesa se apoyaba en una "favorable disposición de la mayoría de propietarios" y se comprometía a recalificar los terrenos como urbanizables si lograba un porcentaje superior al 60% de transmisión voluntaria. Los vecinos reacios a vender empezaron a movilizarse. Criticaron al Ejecutivo por la falta de información y por actuar de forma precipitada al aprobar el convenio antes del plan general, que les permitiría presentar alegaciones y conocer el valor de sus terrenos para negociar con Fadesa. "El Gobierno local nos dice que tenemos que pensar en vivir del turismo y no de las vacas", se quejaban entonces.

►Deogracias Romeu: "Esto es una bendición, el más perjudicado de los vecinos va a ser el más beneficiado". Las quejas de los propietarios no calan en el Gobierno local. Romeu llega a calificar de "bendición" el macroproyecto urbanístico. "El más perjudicado de los vecinos va a ser el más beneficiado. Bendito sea Dios, en un sitio donde se están vendiendo terrenos a 50 y 100.000 pesetas que Fadesa les ofrece a 300.000.... Me llaman de muchísimos sitios para felicitarme", aplaudía el veterano regidor. El concejal Juan Herva "La ley permite recurrir a la expropiación sin la empresa consigue el 51% de los terrenos. Esto no es una amenaza, es información", declaraba en mayo de 2001 en respuesta a las críticas de los propietarios de terrenos.

►"Esta urbanización atraerá turismo de calidad". El pleno, con los únicos votos del PP aprueba la expropiación como sistema de actuación pese a que se había comprometido a constituir una junta de compensación, que habría permitido participar a los propietarios. Los dueños de tierras se revolvieron contra la "flagrante injusticia" de permitir que se comprasen los terrenos antes de la aprobación del plan general a precio de suelo forestal para después recalificarse. El 8 de agosto de 2002 se aprueba el PGOM con los informes favorables de la Xunta y se adjudica la concesión a Fadesa. "Este proyecto atraerá turismo de calidad", incidían desde el Ejecutivo. Un mes después, el primer alcalde en funciones, el aún edil Jesús Veiga, firma el contrato con la empresa.

►"Revisaré la propuesta de expropiación forzosa", promete Juan Maceiras en campaña. La gestión de la macrourbanización determinó la salida del histórico alcalde Deogracias Romeu. Juan Maceiras, que lideraba la Candidatura Independiente de Miño fue aupado a la Alcaldía en 2003 tras comprometerse a revisar la propuesta de expropiación forzosa. En su primera entrevista concedida como alcalde daba un paso atrás. "Nosotros ahora tenemos poco que hacer, porque el tema está cerrado", argumentaba. No tardó en integrarse en el PP. Durante su mandato el 25 de febrero de 2004 se aprueba de forma definitiva en Junta de Gobierno el proyecto de expropiación sin atender las protestas de los afectados, que un año antes habían planteado un contencioso. Se dio la curiosa circunstancia de que el proyecto se aprobó en junta con el único voto de dos concejales: José María Laya y Rosario Manso. El exalcalde Maceiras y el exedil Manuel Rodríguez se abstuvieron porque tenían terrenos en el sector. La ya exconcejala Eva Vilariño se abstuvo.

►"Lo de pedir avales es intrascendente". A partir de 2004 se suceden las protestas de los afectados. Sus recursos no calan en el Gobierno local. Tampoco sus denuncias de supuestas irregularidades en la expropiación. Ni su reiterada petición de solicitar los avales para que Fadesa pague el precio justo de los terrenos y los intereses de demora. "Lo de pedir avales es intrascendente", llegó a replicar el Ejecutivo local, pese a las reiteradas advertencias de la oposición -el PSOE presentó varias iniciativas plenarias- y el Valedor do Pobo. Aunque la obligación de exigir garantías aparecía recogida en el pliego, el Gobierno municipal se negó a hacerlo hasta 2008, ya con la constructora en crisis. Jesús Veiga se jacta ahora de lograr avales por 7,5 millones, aunque su precio actual de tasación no supera los 3.

►La Justicia da la razón a los afectados: "Llama la atención que aprobase la expropiación sin el plan general". El Tribunal Superior estima en 2006 el recurso contra la adjudicación de la urbanización a Fadesa. "Llama la atención que eligiese el sistema de expropiación sin que previamente se hubiera aprobado el plan general que da cobertura normativa a la actuación", inciden los jueces. El fallo fue ratificado por el Supremo en 2010. También ese año la Justicia da la razón a los afectados y multiplica por cuatro el precio de los terrenos. De 6,26 a 25,90 euros. El Concello recurrió hasta el final de manos de la empresa. La Justicia tumbó todos sus recursos.

►Miño readjudica la urbanización a Fadesa. "Es la mejor solución para todos". En 2011, con Fadesa recién salida de un concurso de acreedores, el Concello le readjudica la urbanización. "Es la mejor solución para todos", defendía entonces Juan Maceiras. El alcalde insiste que es la constructora abonará las expropiaciones y desoye las advertencias de la oposición, que temía que el Concello pudiese ser condenado como responsable subsidiario en caso de quiebra. A principios de 2012, el Tribunal Superior desestima el recurso de apelación del Concello contra la sentencia que obligaba a Fadesa a depositar un aval de 31 millones para garantizar el pago a los expropiados. En 2012, Juan Maceiras lleva a pleno rescindir el contrato con Fadesa por no depositar las garantías. El Consello Consultivo dictamina en contra y el Ejecutivo da marcha atrás.

►"Me voy dejando lo de Fadesa bien atado". Juan Maceiras dimite en el ecuador de su tercer mandato, en enero de 2013. "Me voy dejando bien atado lo de Fadesa", aseguró en una entrevista a este diario. Basaba su optimismo en una sentencia del Superior que instaba a la inmobiliaria a pagar ya a los expropiados. Ocupó su lugar Jesús Veiga, mano derecha de Deogracias Romeu y, después, de Maceiras. Sin tiempo a acomodarse al sillón, este eterno secundario de la política miñesa recibió el golpe más duro. Un fallo que obligaba al Concello a anticipar los 21 millones dado que Fadesa estaba blindada por el convenio concursal.

►Jesús Veiga: "No es por echar balones fuera, pero lo de Fadesa nunca me gustó". El regidor quiso desmarcarse desde el principio de la gestión de los anteriores alcaldes, aunque hasta ese momento nunca había manifestado públicamente su desacuerdo. "Lo único que quiero es pagar a los expropiados", insistía. Pese a ello, optó por recurrir al Constitucional. El regidor fío sus esperanzas a que el juzgado admitiese la deuda como preferente en la liquidación.

►Ricardo Sánchez. Promete una auditoría a Fadesa. "Los expropiados cobrarán ya". El alcalde, que en campaña prometía una auditoría del caso Fadesa, dejó este asunto en nevera desde su sorpresivo pacto con el PP. No fue el único golpe de timón del regidor que se presentó en campaña como la "única alternativa de izquierdas", Recientemente acusaba de mentir a quienes negasen el inminente pago de la deuda principal a los expropiados. El pleno aprobó en diciembre aceptar un préstamo de 12 millones del Estado pese a que el interventor ya advertía de que habría que tomar medidas "muy dolorosas" (subida del IBI, recorte de servicios y personal, etc). El Gobierno local dejó claro que no subiría impuestos ni recortaría servicios, pero no explicó ningún momento su plan alternativo. Con los 12 millones ya depositados en cuenta da ahora marcha atrás y llevará a pleno un plan de pagos que solo compromete al abono de 6 millones y relega a 2026 el pago de los otros seis. Los otros 9 millones pendientes no los menciona. El Ejecutivo justifica el vuelco por la imposibilidad de lograr una ampliación de la devolución del préstamo y apela al "interés general" de llevar a Miño "a un callejón sin salida".

► "Es mentira que defienda el interés general". El vuelco ha cogido por sorpresa a los expropiados, que tras años de lucha ya contaban con cobrar ahora la deuda principal. Los afectados anuncian que recurrirán el plan de pagos y advierten que la decisión del Ejecutivo vulnera los intereses generales ya que la deuda seguirá generando intereses. El pleno se celebrará el martes y el PSOE reclamaba ayer al Gobierno local que recapacite. "Aún está a tiempo", inciden.

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