Emergencias que no urgen

Los bomberos comienzan a movilizarse ante la falta de avances en el rescate del servicio - La Diputación de A Coruña, que prometió capitanear el cambio de modelo, sigue sin mover ficha

19.04.2016 | 12:08
Movilización de los bomberos de los parques comarcales en 2013.

Sobrepasado con creces el mes de plazo que la Xunta fijó en enero para presentar los informes que demuestren que la gestión directa de los parques comarcales de bomberos no elevaría los costes y permitiría a los actuales efectivos conservar sus puestos, las diputaciones que abogan por el cambio siguen sin mover ficha. La falta de avances desespera a los bomberos, que hoy se movilizan en Ourense contra los planes del Gobierno provincial de dar un paso más en la privatización de este servicio básico y esencial. La Diputación de A Coruña, que se ofreció a capitanear el cambio de modelo, guarda silencio

"La gestión indirecta se va a terminar ya, erradicaremos la privatización en los nuevos parques y a medida que venzan las adjudicaciones los iremos recuperando". La declaración no es nueva. Fue realizada por un alto cargo de Presidencia de la Xunta en 2007, durante el gobierno bipartito. Pronto se cumplirá una década de esta afirmación y el modelo de gestión privada no solo no ha desaparecido sino que ha cobrado fuerza y los pasos de cara a un cambio de gestión están, una vez más, en punto muerto.

Las diputaciones progresistas anunciaron en la investidura su apuesta por un cambio de modelo, pero siguen sin mover ficha; la Diputación de Ourense (PP), con el beneplácito de la Xunta, inicia los pasos para renovar las concesiones y los bomberos comienzan a movilizarse para exigir nuevamente la homogeneización del servicio. No es una demanda laboral, es un imperativo que establece la Lei de Emerxencias de 2007, recalcan.

Este lunes los efectivos contraincendios han recorrido las calles de Ourense bajo el lema Rescátanos y desde la Mesa Intersindical ya avanzan que se plantean aprobar un calendario de movilizaciones en todas las provincias ante la falta de avances en las gestiones para implantar un servicio público.

Pese a las innumerables protestas de los bomberos, la gestión de las emergencias no ocupa un lugar prioritario en la agenda política. Las administraciones porfían en reducir el problema a un asunto laboral y sortean el debate de fondo. Son varias las preguntas que plantean los efectivos: ¿Por qué Galicia es la única comunidad autónoma que ha privatizado el servicio de extinción de incendios y salvamento? ¿Por qué las ciudades disponen de una prestación pública de este servicio básico y esencial y en las comarcas está en manos de empresas? ¿Puede garantizarse una correcta cobertura de emergencias en las áreas metropolitanas con tres efectivos por turno? ¿Es posible ofrecer un servicio coordinado con la proliferación de distintos cuerpos? ¿Por qué las administraciones incumplen la ley que obliga a elaborar un reglamento de bombero profesional?

Ha transcurrido un año desde que el Tribunal Central de Recursos Contractuales anuló la licitación de los parques comarcales de A Coruña y ni Diputación ni Xunta aclaran el futuro de la prestación. El Gobierno provincial lleva en su programa el cambio de modelo y, en todas sus intervenciones, PSOE y BNG han manifestado su firme apuesta por una gestión pública de un servicio básico y esencial que, en la actualidad, está en manos de conglomerados de empresas de jardinería y carrocerías.

Las reuniones para evaluar el rescate de las emergencias arrancaron el pasado enero y, de momento, han arrojado escasas conclusiones. En una reunión celebrada el pasado 12 de enero entre Vicepresidencia y las cuatro diputaciones, la Xunta dio un plazo de "mes y medio" a los gobiernos provinciales partidarios de la gestión directa para que aportasen los informes que demostrasen que el cambio de modelo no supondría un aumento de los costes y que está garantizado el tránsito de los efectivos actuales -personal laboral privado- al funcionariado.

El Gobierno gallego justificaba la cortedad de plazos para presentar los informes a la necesidad de evitar que el debate coincidiese en período electoral. Han pasado cuatro meses, las elecciones gallegas cada vez están más cerca y los bomberos temen que su futuro sea una vez más arma arrojadiza en los mítines.

La segunda y última reunión entre Xunta y diputaciones se celebró el pasado 3 de marzo y se zanjó sin acuerdos. La Diputación de Ourense se desmarcó definitivamente y dejó clara su apuesta por la gestión indirecta. Los responsables de los tres gobiernos provinciales restantes reconocieron las discrepancias entre los análisis preliminares y abogaron por un "estudio conjunto y profundo en el que se evalúen todos los indicadores". Las tres diputaciones propusieron crear una comisión jurídico-técnica. Un mes después, no ha trascendido ningún avance.

El Gobierno gallego sigue sin cerrar las puertas al cambio, pero deja clara su preferencia por la gestión indirecta. "Este debate ya se ha producido más veces y se ha concluido que la gestión directa no es viable", incide. Una década después del primer conato de cambio, todo sigue en el mismo punto.

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