Nueva vuelta de tuerca al pago de los expropiados de Costa Miño Golf. Como ya avanzaba ayer este diario, el Gobierno local optó ayer por dejar sobre la mesa el plan de pagos que debe entregar en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para solicitar nuevos informes a la asesoría legal de la Diputación. Es la segunda vez en menos de un mes que el Ejecutivo retira del orden del día un punto de tanta trascendencia para Miño, como el abono de la deuda con los afectados por la macrourbanización de Fadesa. Y la decisión caldeó las gradas. "¿Otra vez?, ¿en serio?", increparon al Ejecutivo desde el público.
El Ejecutivo municipal admitió tener "dudas" sobre la procedencia de renunciar ahora a la mitad del préstamo de 12,5 millones concedido por el Estado para saldar la deuda principal con los afectados. El alcalde, Ricardo Sánchez, ha solicitado también informes que aclaren si los ediles que voten favorablemente la devolución del crédito podrían incurrir en un ilícito penal, como han advertido los expropiados.
El cambio de parecer del Gobierno local, que unos días antes convocaba una rueda de prensa y una asamblea para comunicar su decisión de aplazar el pago de los 12,5 millones hasta 2026, llega después de que tanto el regidor como sus socios del PP optasen por abstenerse en la comisión informativa.
En el transcurso de esta reunión, el PSOE instó al Ejecutivo a "recapacitar" ante una decisión que, subrayó, agravaría el problema, ya que hasta que se afronte el pago del principal, la deuda seguirá generando intereses a un ritmo de más de mil euros al día. El portavoz socialista, Manuel V. Faraldo, recomendó también al Gobierno local que se asesorase sobre las posibles consecuencias legales de su decisión.
La recomendación hizo mella en el Ejecutivo, que ha rectificado de nuevo y ha dejado en suspenso el plan de pagos. No es la primera vez que el Gobierno local vacila en este asunto, de vital importancia para las arcas de Miño. El pasado julio el pleno acordó solicitar un crédito de 6 millones al entender que era la única cuantía asumible a la vista del plazo de devolución que establecía el Estado (diez años). En diciembre, contra todo pronóstico, aprobó aceptar un préstamo de 12,5 millones que cubriría el total de la deuda principal y se mostró confiado en conseguir una ampliación del plazo de devolución. El alcalde anunció de aquellas el pago en febrero a los expropiados, pero vencido el plazo no solo no abonó las expropiaciones, sino que convocó una rueda de prensa para informar de su decisión de renunciar a la mitad del préstamo para "no llevar a Miño a un callejón sin salida".
El Gobierno local justificó su decisión en su negativa a subir el IBI, suprimir servicios como la escuela infantil o prescindir de personal, medidas "dolorosas" que el interventor ya había puesto sobre la mesa en el pleno de diciembre.
Sin debate sobre Fadesa
Pese al calado de la decisión de acudir o no a un crédito de 12,5 millones, el pleno de ayer se zanjó de debate. Ni siquiera se votó dejarlo sobre la mesa, dado que el Ejecutivo evitó plantear la urgencia de debatir el asunto, que al no haberse dictaminado en comisión quedó retirado automáticamente. El alcalde respondió destemplado al primer intento del portavoz socialista de pronunciarse sobre este asunto. "Si vamos a debatir sobre el asunto, voy a pedirles a usted [por Manuel V. Faraldo] y el señor Moisés [Dopico] . El regidor apuntaba así otra vez a los supuestos intereses de los socialistas por tener vínculos con expropiados. Su advertencia propició una lluvia de reproches del público. Finalmente Faraldo pudo tomar la palabra para pedir al Gobierno local que "deje de dar vueltas al asunto" y plante cara a la orden firme de la Justicia de resarcir a los afectados por el macroproyecto urbanístico. El alcalde zanjó la discusión. "Todos estamos de acuerdo en que los expropiados tienen que cobrar, pero hasta que aclaremos algunas dudas no vamos a adoptar una resolución que ponga al Concello en una situación de desastre", argumentó.
Y poco más se dijo de Fadesa. El Ejecutivo aplicó el rodillo para evitar debatir la moción del PSOE para instar a la Xunta a asumir su responsabilidad en el desarrollo urbanístico y abonar parte de la deuda con los expropiados. La propuesta era prácticamente idéntica a la que los socialistas habían presentado en 2014, cuando Ricardo Sánchez aún engrosaba sus filas y que había sido rechazada por el PP, que gobernaba entonces con mayoría. El regidor no quiso ahora ni admitir la urgencia de la propuesta. "Sobre este punto debo decir que ya hemos iniciado los trámites para que la Xunta se haga responsable y estamos pidiendo reuniones con los grupos parlamentarios". Tras la afirmación, preguntó: "¿Votos a favor de la urgencia?. Solo el PSOE alzó las manos. "¿En contra?. Su voto y el de los ediles del PP zanjaron el debate entre las críticas del público por la falta de transparencia.
En ruegos y preguntas, Fadesa volvió a salir a relucir. El PSOE preguntó en qué entidad bancaria está depositado el préstamo, la fecha del ingreso y la cuantía dos intereses devengados a favor del municipio y los devengados a favor del Estado. El alcalde replicó que respondería por escrito.
