ABEGONDO

El Tribunal Superior anula el plan general de Abegondo, aprobado en 2012

La sentencia da la razón a la plataforma de afectados al estimar "desproporcionada" la previsión de viviendas y certifica la inviabilidad económica del PXOM abegondés

22.04.2016 | 16:52
Pleno de 2012 en el que Abegondo aprobó de forma provisional el PXOM con los únicos votos a favor del PP.

Los 'palos' urbanísticos

  • Septiembre 2000. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anula las normas subsidiarias de Abegondo del año 1996 tras un recurso presentado por el Ayuntamiento de A Coruña que denunció que no se recogía la subsanación de las deficiencias le indicó la Xunta, no se preveía un régimen de protección para el entorno del embalse de Cecebre y veía incorrectas clasificaciones del suelo apto para urbanizar.
  • Noviembre 2003. La sentencia del TSXG sobre las normas subsidiarias se convierte en firme al avalarla el Tribunal Supremo.
  • Abril 2016. El TSXG estima la demanda de la plataforma de afectados y anula el PXOM al estimar casi íntegramente todos sus argumentos.

Tumba 6 núcleos urbanos en San Tirso y 10 en San Marco y 6 urbanizaciones legalizadas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado por segunda vez el planeamiento urbanístico del municipio de Abegondo. Si en 2000 tumbó las normas subsidiarias de planeamiento, una sentencia que emitió la pasada semana anula el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado en septiembre de 2012. La sentencia, demoledora, da la razón a la plataforma de afectados por el plan general al estimar prácticamente todos los argumentos con lo que este colectivo atacó los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el documento. La resolución judicial es recurrible ante el Supremo. La Xunta (que aprobó finalmente el plan) y el Concello son las partes demandadas.

El Superior dice en la sentencia que con solo estimar los dos primeros motivos alegados por la plataforma, el exceso en la previsión de viviendas y el plan económico, ya hay motivo para anular todo el plan, pero aún así entra en el fondo del asunto de todos los motivos esgrimidos. La defensa del colectivo de afectados, realizada por la letrada Marta Pato del despacho coruñés Iglesias Abogados, alegó en primer lugar el exceso de previsión residencial que marcaba el PXOM, 2.622 nuevas viviendas, lo que según el TSXG "no alcanza el nivel mínimo exigible de justificación".

Los magistrados aseguran que es "aceptable" que la Administración tenga un "amplio margen" y que incluso sea "optimista" en su previsión de viviendas pero el número que plantea Abegondo es "una previsión desproporcionada" en un municipio que no llega a 6.000 habitantes y que en conjunto pierde población desde hace años. Añaden que en el documento del plan no se incluye ningún argumento que apoye ese optimismo residencial, como un previsible aumento en el desarrollo económico, industrial o de servicios.

El propio perito judicial destacó que la previsión de Abegondo supondría "triplicar la población" en el horizonte del PXOM, 16 años. "No es asumible un incremento total de población en más de 10.000 habitantes a sumar a los menos de 6.000" que hay ahora, señala el fallo. Ésta es la primera sentencia en Galicia que anula en plan urbano por un injustificado incremento de las viviendas. El Concello realizó en 2013 la campaña Abegondo quérete para atraer población.

El Alto Tribunal gallego resalta que si se acepta que es excesiva la previsión de viviendas, ya no se sostiene el estudio económico financiero de todo el plan porque están íntimamente relacionados. El propio interventor municipal en un informe de 2010 revelaba que "gran parte de la sustentabilidad económica del PXOM se apoya en la traducción económica de las actuaciones urbanísticas previstas en relación con dicho incremento de viviendas". Es decir, que el Concello basaba en los ingresos que preveía por la construcción, la forma de costear los proyectos e infraestructuras que prevé el plan urbano.

"La no aceptación de tales previsiones de incremento invalida sustancialmente tales cálculos y el propio sentido y alcance de los mismos", añaden en la sentencia. El propio perito judicial incluso redujo la valoración por metro cuadrado prevista en el plan urbano. La "inexistente acreditación de la viabilidad y sustentabilidad económica del PXOM" ya conduce por sí sola a la estimación del recurso de los afectados, agrega el tribunal.

El TSXG también avala que seis núcleos clasificados como suelo urbano consolidado en San Tirso de Mabegondo (cerca de Pousada y del centro de investigaciones agrarias) no merecen tal clasificación por carecer de suficientes servicios (agua, saneamiento público) no tener suficiente grado de consolidación o no estar integrados en la malla urbana.

También da la razón a la defensa de la Plataforma de Afectados por el PXOM de Abegondo al rechazar que diez núcleos de San Marco se clasifiquen también como suelo urbano consolidado por las mismas razones.

Los magistrados sí dan la razón al Ayuntamiento (es lo único) respecto a la clasificación de un sector de suelo terciario-industrial, el ST-14, porque considera que se delimita en un suelo sin especial protección, para dar continuidad a usos preexistentes de almacenaje al borde de la carretera.

Otra parte fundamental que anula esta resolución judicial es la legalización de varios núcleos de viviendas construidos en rústico, los denominados asentamientos surgidos al margen del planeamiento urbanístico y que según la disposición transitoria 13 de la ley del suelo se podían legalizar siempre que se cumpliesen unos requisitos (entre ellos, estar terminados antes de la entrada en vigor de dicha ley y que el sector estuviese ocupado por edificación en al menos un 50%). En el caso de Abegondo eran once núcleos y el TSXG rechaza esta legalización para seis: A Fraga, O Sadiño, A Cancelada, Ceán, O Cruceiro y O Castro, porque no llegan al 50% de ocupación o no está acreditado que estuviesen totalmente finalizadas las construcciones a la entrada en vigor de la ley.

El último argumento, también básico, que tumba el Superior es el que atañe al porcentaje mínimo legal de reserva para vivienda protegida, que era del 30% de edificabilidad residencial para el conjunto del suelo urbano no consolidado y urbanizable delimitado. Según los informes técnicos y periciales, en el PXOM de Abegondo ese porcentaje mínimo no se alcanzaba.

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