El alcalde de Miño, Ricardo Sánchez, ha aprobado prorrogar el contrato de la escuela infantil sin atender las reconvenciones de Intervención, que emitió un reparo suspensivo porque esta moratoria carece de "encaje legal", dado que no está prevista en el pliego de contratación.

En su informe, el habilitado nacional reprueba además el hecho que la prórroga no se hubiese sometido la a a fiscalización previa y advierte al Ejecutivo que continuar con esta prestación contradice el plan económico financiero -todavía pendiente de aprobación-, que incluía la obligación de renunciar a las competencias impropias.

El alcalde levantó el reparo suspensivo apelando al "perjuicio que se causaría a los usuarios del servicio si se dejase de prestar antes de que finalizase el curso", aunque sin explicar los motivos por los que no se inició el expediente de contratación con el tiempo suficiente. En su respuesta, el regidor admite la "importancia de proceder a regularizar" el servicio y suscribe el compromiso de "iniciar con carácter de urgencia el procedimiento de contratación" para que esté finalizado para el nuevo curso.

El alcalde tampoco ha tenido en cuenta la advertencia de Intervención relativa a la incompatibilidad de la prórroga con el plan económico financiero que deberá aprobar el Concello para hacer frente a los pagos a los expropiados de Fadesa. "El plan económico-financiero no deberá ser aprobado hasta el año 2017, por lo que no se contradice ningún plan", sostiene el regidor en su escrito.

La gestión de la guardería fue adjudicada de forma provisional en enero de 2010 a Novo Alicerce SL por un período de seis años. El Ejecutivo local no tuvo de aquellas reparos en cambiar de concesionaria con el curso ya iniciado, a pesar de que el cambio suscitó las quejas de algunos padres.

El Gobierno local ha levantado en los últimos meses varios reparos suspensivos del Intervención por el pago de servicios que exceden por importe y duración el tiempo que establece la ley para los contratos menores. Entre ellos, el servicio de transporte municipal, el de limpieza y conserjería de varios locales municipales o de mantenimiento de parques y jardines.

El Ejecutivo levantó los reparos al entender que incurriría en un enriquecimiento injusto si no pagaba por servicios prestados, y se comprometió a agilizar los trámites para regularizar la situación. Uno de los contratos con reparos, el del catastro, motivo una denuncia del regidor a sus ahora socios del PP. Recientemente el partido del alcalde aireó la apertura de diligencias, aunque sin aportar ningún auto.