MIÑO

Miño pagará a los expropiados tras proponer Intervención remitir el expediente a Fiscalía

Renuncia a devolver el 50% del préstamo y aplaza el plan económico a 2017 - Rechaza subir impuestos y fía la solución a que la Justicia admita su recurso o a una ampliación del plazo de devolución del crédito

14.05.2016 | 15:16
Pleno de Miño con el alcalde, al fondo, y el portavoz socialista en primer término.

El Gobierno local de Miño confirmó ayer que, finalmente y tras más de una vuelta de tuerca, pagará la totalidad de la deuda principal a los expropiados de Costa Miño Golf, 12,5 millones. Un mes después de anunciar en rueda de prensa su decisión de renunciar al 50% del préstamo del Estado y aplazar a diez años los pagos para "no llevar a Miño al desastre", el Ejecutivo municipal ha vuelto al punto de inicio, al acuerdo adoptado el pasado 9 de diciembre por el pleno de aceptar los 12,5 del Fondo de Impulso Económico para frenar la sangría de intereses (que seguirían creciendo aun ritmo de 1000 euros al día hasta saldar la deuda principal).

El Ejecutivo ya había dejado entrever un cambio de rumbo en el pleno en que se aprobó el suplemento de crédito de 12,5 millones de euros, aunque este acuerdo solo iba encaminado a reflejar en la contabilidad el préstamo concedido por el Estado y que, por si solo, no implicaba el pago a los expropiados.

El alcalde, Ricardo Sánchez Oroza, explicó ayer a consulta de los medios que tomó la decisión de dar marcha atrás en su decisión de pagar ya solo la mitad de la deuda principal tras solicitar nuevos informes técnicos, sin ofrecer más detalles. Uno de los informes fue solicitado el pasado 18 de abril a Intervención y tenía por objeto aclarar, entre otros extremos, si el Gobierno local podría incurrir en algún tipo de ilícito al proponer el pago del 50% a los expropiados y aplazar al resto a diez años sin detener el aumento de intereses o por permitir que éstos se incrementasen al tiempo que pagaban al banco por dejar en una cuenta el 50% del préstamo.

En la misma línea que en un informe anterior en el que alertaba de una "mala praxis" de los fondos públicos, el habilitado estatal dejó claras sus dudas sobre la legalidad de renunciar a parte del crédito sin razones debidamente justificadas,. En base a ese motivo, el funcionario -tras aclarar que las funciones de asesoría legal corresponden a Secretaría- recomendaba al Gobierno municipal que remitiese el expediente a Fiscalía para aclarar la existencia o no de un delito. Una respuesta similar a la que dio a la pregunta de si podría incurrir en un ilícito por generar una duplicidad de intereses.

Los ajustes, en el aire

El Ejecutivo municipal dejó claro ayer que pagará el principal de la deuda a los expropiados, pero sin aclarar qué medidas tomará para garantizar la devolución del préstamo en diez años. Una vez más el alcalde y su mano derecha, el popular Jesús Veiga, descartaron aumentar los impuestos, como planteó Intervención en el plan económico financiero.

El Gobierno local fía la solución a que el Supremo revoque la sentencia que rechazó reconocer al Concello como acreedor preferente en el concurso de Fadesa. Aunque el propio Ejecutivo municipal reconoce las escasas posibilidades de que la Justicia admita el recurso, no pierde la esperanza. "El Supremo admitió el recurso del Prestige", alegó ayer el regidor. Otro clavo ardiendo al que se aferra el Gobierno local es a la posible ampliación del plazo de devolución, pese a reconocer que es otro "futurible" sin garantías . El Ejecutivo vuelve a aquel "callejón sin salida" que se negaba a traspasar y que le llevó a anunciar por sorpresa la renuncia el 50% del préstamo sin concretar las medidas que deberá poner en marcha para garantizar la devolución del préstamo.

El alcalde mantuvo ayer que con la aprobación del suplemento de crédito por 12,5 millones dejaba ya claro su propósito de pagar la deuda principal a los expropiados y negó que fuese necesario aprobar un plan de pagos. Es más, sostuvo que este asunto no había quedado sobre la mesa en el pleno del 18 de abril, en el que fue retirado del orden del día para pedir más informes. "Lo único que quedó sobre la mesa fue el suplemento", adujo.

El Ejecutivo asegura que ya no es preciso remitir al juzgado un plan de pagos, dado que va a pagar el principal de la deuda. El Gobierno local aplaza al primer trimestre de 2017 la aprobación del plan económico financiero que determine los ajustes a adoptar. La ley obliga a poner en marcha estos planes de ajustes en un máximo de tres meses desde que se constata el incumplimiento, es decir, con la liquidación. En el caso de Miño, Intervención recomendó anticiparse dado que el incumplimiento está garantizado dado el volumen del préstamo (Miño tiene un presupuesto de 5,3 millones). Hoy tomaba posesión una nueva interventora, que tendrá ahora entre sus funciones determinar las medidas que corresponde adoptar para garantizar la devolución del crédito.

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