El partido Alternativa dos Veciños retiró del debate del pleno de la Diputación del pasado mes de enero la moción que reclamaba enviar a la Fiscalía las "presuntas irregularidades" en el convenio que firmó este organismo con el Concello de Coristanco en 2015 porque aceptó la propuesta de que un técnico independiente analizase este asunto. Ahora, al próximo pleno del ente provincial, el diputado Ángel García Seoane presenta otra iniciativa en relación a este tema: solicita iniciar el procedimiento de declaración de lesividad para el interés público provincial de este acuerdo entre Diputación y Ayuntamiento de Coristanco para financiar la compra de una finca.
En marzo de 2015, con el popular Diego Calvo como presidente, se dio luz verde a un convenio con Coristanco para cofinanciarle la compra de una finca de 680 metros cuadrados cuyo precio se fijó en 248.000 euros. La Diputación aportaba el 80%.
Alternativa ha denunciado desde entonces las "dudas sobre la legalidad" de esta compra porque en la aprobación inicial del planeamiento se preveía la adquisición gratis del suelo que se incluía en una área de reparto. García Seoane destaca que un propietario del terreno presentó una alegación y entonces el Concello modificó el plan aprobado inicialmente y retira dicha parcela del área de reparto. "Entre las alegaciones presentadas contra el área de reparto una es de la concejal miembro del Gobierno" y además "supuestamente propietaria del citado ámbito", según Seoane.
El diputado explica que tras retirar dicha área el terreno figura como urbano consolidado y se declara de equipamiento público, además de iniciarse la compra a un precio "superior al de mercado" y con "informe negativo" de Secretaría.
Añade que un aparejador que hacía trabajos para el Concello avaló la valoración del terreno y luego un técnico de la Diputación también la refrendó. Al haber informes negativos el Concello (con Antonio Pensado de alcalde) pidió otras dos valoraciones periciales que incluso tasaron la finca en un precio más alto, 279.675 y 256.160 euros, respectivamente. Tras la denuncia de Alternativa en diciembre del año pasado la Diputación pidió otros dos peritajes y sus tasaciones fueron de 173.378 y 51.437 euros (ésta última, un 80% menos de la primera valoración de Coristanco).
