La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión para un promotor y para un arquitecto acusados de presentar en el registro municipal de Culleredo planos en los que se alteraban los lindes y situación de varias fincas para construir tres viviendas en una zona donde no era posible. Además, las casas se habrían levantado, supuestamente, sin ajustarse a los permisos concedidos. La Xunta ordenó en 2011 la demolición de los tres chalés situados en el núcleo cullerdense de Fontemaior al considerar que eran "ilegalizables" por su incompatibilidad con el ordenamiento urbanístico.

Las defensas exigieron ayer durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, que se dé por prescrito, debido al tiempo transcurrido, el delito que rechazan que hubieran cometido sus defendidos. La Fiscalía y las acusaciones particulares, que representan a los afectados por la compra de las viviendas que distintos fallos judiciales declararon su imposibilidad de legalizar, mantuvieron sus exigencias de condena. Así, sostienen que el empresario, en nombre de la mercantil que tenía con su familia, solicitó a mediados de 2001 licencia para la construcción de las casas. Los permisos le fueron concedidos en 2002. Sin embargo, el fiscal asegura que, para la obtención de los mismas, el empresario, de acuerdo con el otro acusado, en su condición de arquitecto de la promotora, presentó en el registro municipal de Culleredo planos "en los que a sabiendas se alteraban los lindes y la situación de las fincas mencionadas".