El juzgado de Instrucción número 1 de Betanzos investiga el agujero de 23.000 euros detectado en las cuentas de la Asociación de Nais e Pais (ANPA) del colegio San Marcos, de Abegondo. El juez ha solicitado información y documentación a las partes para indagar sobre un posible delito de apropiación indebida cometido presuntamente por la expresidenta y la extesorera, asegura el actual presidente, Jorge Bello.
Las dos exdirectivas han sido denunciadas por la vía penal, explica Bello. El juzgado betanceiro instruye el caso a raíz de una denuncia presentada hace un año por el ANPA. La actual directiva, que relevó a las denunciadas, se percató semanas después de ponerse al frente de la asociación, en noviembre de 2014, de que había un descuadre en las cuentas.
"Hemos aportado al juzgado la documentación que nos pidió, como los libros de cuentas o los cheques que fuimos capaces de conseguir [con los que se retiró el dinero de las cuentas del ANPA]", explica el representante de los padres, quien añade que el juez ha solicitado documentación también a partes relacionadas con el caso, como la entidad bancaria o el Ayuntamiento abegondés.
La expresidenta y la extesorera eran las únicas personas que podían sacar dinero de la cuenta de la asociación tras la dimisión del resto de miembros de la directiva, pero ellas negaron a los demás padres reconocer las rúbricas como suyas y haber retirado el dinero. De hecho, días después de la toma de posesión de la nueva directiva, a finales de 2014, se denunció ante la Guardia Civil el cobro de un talón por valor de 500 euros, supuestamente con una firma falsificada, en una sucursal bancaria de Carral.
El juez deberá dictaminar en la instrucción si aprecia indicios de delito, lo que conllevaría la apertura de juicio, que se celebraría en A Coruña. Si por el contrario no observa la apropiación indebida que se ha denunciado, el magistrado dictaría el sobreseimiento del caso.
La denuncia fue presentada después de que las exdirectivas no pudieran explicar la desaparición de dinero en los dos meses que les concedieron los nuevos representantes. La actual directiva trató sin éxito de esclarecer lo ocurrido antes de tomar otras medidas y, al no encontrar explicaciones, los padres decidieron en asamblea poner el asunto en manos de un abogado, que les recomendó denunciar. El descubrimiento del agujero contable se produjo con el cambio de directivos. Al principio, los nuevos representantes estimaban el descuadre en entre 10.000 y 14.000 euros, importe que se elevó a 23.000 euros tras completar las pesquisas.
