El Gobierno local de A Laracha asegura que la empresa contratada para las obras de instalación eléctrica en la rectoral de Golmar ha devuelto la parte correspondiente a los trabajos que no ejecutó, por lo que Fiscalía abrió una investigación, archivada, según el alcalde, José Manuel López Varela. El teniente de alcalde, José Ramón Martínez Barbeito, que ayer presidió el pleno ordinario en ausencia del regidor, aseguró, preguntado por el BNG -que puso el caso en conocimiento de la Fiscalía-, que el Concello dictó el pasado mes de octubre una resolución que ordenaba a la empresa devolver el dinero. Hidroeléctrica de Laracha fue la adjudicataria de unos trabajos que ascendían a 48.000 euros.

Martínez Barbeito afirmó que ya se había recibido la cuantía, lo que corroboró en pleno, ante la Corporación local, con el secretario, aunque no precisó la cuantía que se ha reintegrado, asegura el portavoz del BNG, Xoán Sande. El nacionalista asegura que en los próximos días tratará de tener acceso en el Concello a la resolución del Ayuntamiento, que desconocía hasta ayer, afirma, y comprobar que se ha realizado el reintegro. El Concello deberá ahora integrar el dinero a la Diputación, puesto que el ente provincial había financiado el total de los trabajos, apunta Sande.

La obra de la rectoral de Golmar, que acoge el Museo dos Muíños da Costa da Morte, fue denunciada por el BNG, quien remitió a Fiscalía un escrito en el que advertía de que los trabajos se habían pagado pese a no haberse completado. El Ministerio fiscal abrió entonces una investigación por el caso y denunció al alcalde por un presunto delito de apropiación indebida.

En el pleno de ayer, la Corporación local aprobó por unanimidad un convenio de colaboración con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para la ejecución de las obras de ampliación y reforma del centro de salud de A Laracha. El Concello tiene cedidas las instalaciones del centro sociocultural Santa Lucía, anexo al ambulatorio, para separar el punto de atención continuada del centro médico, de modo que se haría una entrada independiente, explicó el teniente de alcalde.

El expediente de modificación de crédito para transferir 32.159 euros de otras partidas al pago de la redacción del proyecto de construcción del campo de fútbol de Caión y a una aplicación informática sobre comercio y empleo se aprobó con los votos del Gobierno local en solitario y la abstención de toda la oposición. En el mismo sentido votaron los grupos el reconocimiento extrajudicial de facturas, entre las cuales se incluyó la de la redacción del proyecto para el campo de fútbol, que se tramita desde hace una década, en la que se realizó una expropiación en 2009 que hubo que repetir en 2014 ya que los primeros terrenos expropiados estaban protegidos. El pleno aprobó también un plan económico-financiero para ajustar las cuentas tras siete reconocimientos extrajudiciales.