La Audiencia Provincial ha ordenado a la sociedad Pazo da Lagoa a que "de forma inmediata deje libre" 16,4 hectáreas de terrenos rústicos en Aranga para que queden a disposición de sus auténticos propietarios, bajo amenaza de desahucio si no lo hace. También sentencia la "nulidad absoluta" de las escrituras públicas que se realizaron en 2002 para hacerse con los terrenos así como la cancelación en el Registro de la Propiedad de Betanzos de los asientos registrales a nombre de esta empresa o sus integrantes.

La Audiencia revoca así la sentencia emitida en su día por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Betanzos y constata que esta vecina de Aranga y familiares inscribieron los terrenos a su nombre (luego, a nombre de la empresa que constituyeron) después de lograr un título de dominio "burdamente confeccionado". Simultáneamente, vecinos de la zona del entorno de Costa de Vilares, también presentaron un pleito contra esta familia por ocuparles terrenos y también les dieron la razón.

La sentencia emitida por la Audiencia el pasado mes de mayo constata que un vecino de la zona compró entre 1957 y 1963 un total de 25 fincas rústicas en la zona de Alto da Trincheira, después de que en 1895 se partiesen los montes abiertos y se adjudicasen en laborías. Años después esta finca que inicialmente limitaba con la línea de ferrocarril ya la supera, hasta llegar a la Nacional VI, alcanzando los 18.000 metros cuadrados.

Este propietario presentó demanda contra el Concello de Aranga, el extinto Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona) y el Estado reivindicando la titularidad del monte y no del Concello y el juzgado le dio la razón en una sentencia de 1977. La finca en ese momento (agrupación de 25), según dicha sentencia, medía 32,4 hectáreas. En 1981 este propietario las vende a su madre y hermanos y después las heredan siete familiares. Cuando se expropiaron tierras para hacer la carretera N-634 la finca quedó dividida en cuatro.

En 2002 un vecino de Aranga vendió a otro en escritura pública estas tierras, más de 23 hectáreas. Éste último la vendió después a su pareja de hecho, que la inscribió en el registro. En 2007 Fomento le pagó la indemnización de la expropiación por el nuevo trazado de la línea del tren a otras personas en lugar de a esta pareja, que por lo tanto presentó pleito y el Tribunal Superior le dio la razón y ordenó pagarle a ella. En 2007 esta mujer y las hijas de su pareja, que había comprado las tierras, constituyeron Pazo da Lagoa y las aportaron.

El que fingió ser dueño del terreno para vendérselo a la pareja del mujer en 2011 confesó ante notario que la finca no fue suya nunca y no le pagaron nada por ella, que la operación fue para que el hombre pudiese "documentar" las tierras.

Diversos vecinos en 2010 presentaron un pleito contra la pareja y las hijas reivindicando la titularidad de 23 fincas y en 2013 los tribunales le dieron la razón. Ellos las habían ocupado y plantado maíz después de entrar y derribar muros.

Dos años después pusieron también una demanda contra esta familia los siete herederos de las otras 25 fincas en Alto da Trincheira, alegando que les habían ocupado fincas sin título de propiedad. Según la sentencia, esta mujer que constituyó la empresa "urdió un plan para apoderarse de terrenos que creía abandonados y sin dueños", y por eso se fingió la venta a su pareja por parte de alguien que nunca fue el dueño, solo para "inmatricular más de 23 hectáreas".