El Concello de Sada primero dijo que no apreció indicios para abrir expediente disciplinario a dos policías y después aseguró que había perdido el parte disciplinario y también la copia que debería guardarse en los archivos policiales. Esta actuación del Ejecutivo fue denunciada por un vecino en 2013 que al no recibir respuesta acudió a la valedora do Pobo, quien en su último informe ha calificado de "llamativas" estas explicaciones y ha requerido al Ayuntamiento que tome las medidas necesarias para "dar trámite al parte disciplinario" contra dos agentes y que dé acuse de recibo al denunciante sobre si abre o no expediente y "motivando debidamente tal decisión".
Un vecino denunció en julio de 2013 ante la Alcaldía que dos policías habían accedido a datos personales de un compañero por lo que exigía al Concello que tomase medidas y tramitase el parte disciplinario.
El Ejecutivo no respondió ante esta denuncia por lo que acudió al Valedor y entonces sí replicó: el Concello afirmó que había estudiado la denuncia pero tras realizar unas investigaciones "esta Alcaldía n aprecia la existencia de delitos que pudiesen ser constitutivos de sanciones".
Como no especificaba si había notificado esta resolución al denunciante ni explicó la motivación para no abrir dicho expediente, el Valedor reclamó información complementaria y en mayo de 2015 recibió de Sada la respuesta del Concello en la que decía que no había podido contestar antes porque había perdido el documento de denuncia dirigido a la Alcaldía e incluso la copia en los archivos policiales.
"Dejamos constancia de que nos sorprendía que en un primer oficio el concello diese cuenta de la decisión de no iniciar expediente disciplinario y posteriormente alegar la pérdida de dicho documento de denuncia", lo que la Valedora do Pobo califica de "incoherencia".
También destacó la "pasividad" del Gobierno al no responder al denunciante en su día. En su informe de 2015 hecho público ayer pide que tome medidas para tramitar este parte disciplinario.
El Valedor también destaca la "inactividad" de Sada después de que una vecina se quejase de que el Concello no ejecutaba la sentencia firme de demolición de los chalés de Loureiro en Pazos, con licencia de 2005 anulada por los tribunales. Esta institución pidió al Ejecutivo que resuelva el expediente de reposición de la legalidad urbanística iniciado para ver qué obras son necesarias para cumplir dicha sentencia firme.
En este informe también se recriminó que el Ejecutivo sadense no actuase con profundidad ante la denuncia en 2014 de una vecina por los olores a "fritanga" de un restaurante en una nave junto al puerto porque el Concello se limitó a decir que tenía licencia y salida de humos y chimenea que cumplía las normas, sin entrar en los olores más que par decir que el técnico de administración general del Concello vivía cerca y nunca notó nada.
El informe del Valedor de 2015 también incluye la recomendación al Concello de Miño para que fijase distintos precios, y no solo una tarifa, en la zona ORA junto a la playa Grande. El Ejecutivo acató esta petición: en mayo de este año ya anunció el pago fraccionado en el aparcamiento de pago en esta zona.
En el caso de Bergondo se advirtió al Concello por su "inactividad" al no hacer nada respecto a un expediente de reposición de la legalidad respecto a una rampa de acceso a una finca en Sampaio (Guísamo). Bergondo sumó un gran número de quejas presentadas, 501 en total, la gran mayoría por el comedor escolar (quejas sobre la calidad de los alimentos), al igual que en Culleredo y Cambre. En este caso la Xunta ya tomó medidas con la rescisión del contrato a dos empresas y nueva adjudicación.
También hubo quejas por la falta de cuidadores y de especialista en pedagogía terapéutica y audición del lenguaje en varios centros de la comarca.
