El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Concello de Sada contra el auto de octubre de 2015 que ordenaba "desarrollar las actuaciones necesarias para la materialización de la demolición de 15 viviendas unifamiliares construidas en el camino de Fiunchedo", la conocida como urbanización Porto Brasa.

El Ayuntamiento, por recomendación de los servicios jurídicos, interpuso un recurso de inejecución en el que alegaba que la sentencia a la que hacía referencia el Supremo de noviembre de 2008 no hacía alusión "de forma directa al derribo" del complejo residencial y solo instaba a revisar la licencia de 2005 y ordenaba iniciar un expediente sancionador. El Supremo ha desestimado este último recurso. Su resolución es firme.

El auto pone fin a más de diez años de pleitos, desde que en el año 2003 un particular impugnó la licencia concedida a Gervasio Carballo e Hijos en el 2000 por el gobierno de Ramón Rodríguez Ares (que en aquel momento aún formaba parte del PP). El Ejecutivo aprobó en 2002 un reformado del estudio de detalle que no llegó a aprobarse de forma definitiva y que entendió aprobado por silencio administrativo y en 2005, ya con el PDSP, levantó la orden de paralización que había decretado el BNG y concedió una nueva licencia de legalización. En 2008, la Justicia anuló el estudio de detalle aprobado en el año 2000 por contener una parcelación urbanística ilegal y una apertura de vías públicas que exceden las posibilidades recogidas en el planeamiento. El TSXG anularon también la licencia de 2000 y la de legalización de 2005.

El Concello presentó varios recursos para intentar evitar el derribo y el perjuicio para los compradores de buena fe. Todos ellos rechazados. Desde el Ejecutivo municipal explicaron ayer a este medio que instarán al promotor a presentar el proyecto de demolición. La última anotación que recoge el Registro Mercantil de la promotora -Gervasio Carballo e Hijos- data del 8 de abril de 2013 e informa de un crédito incobrable por insolvencia de la sociedad o desconocerse el paradero de los obligados al pago.