La Sala Especial del Tribunal Supremo ha impuesto una multa de 6.000 euros a dos oleirenses a los que acusa de actuar de mala fe procesal porque presentaron una querella contra el fiscal y cinco magistrados acusándolos de prevaricación porque se les negó la retasación de sus tierras, después de una expropiación efectuada en el año 1997 para ejecutar la urbanización de chalés de A Choupana en Montrove.

La sanción es la más alta que permite la legislación y el Supremo la considera "proporcionada" porque se imputó a toda una ala de justicia "el reproche penal más grave que se puede atribuir a un juez".

Estos dos expropiados han estado casi veinte años pleiteando al considerar que hubo una "confabulación" contra ellos además de un supuesto pacto entre el alcalde de Oleiros y la junta de compensación de la urbanización que se benefició de la expropiación para construir 45 chalés.

Estos afectados nunca entraron en la junta de compensación. Les tasaron sus tierras en 145.000 euros, pasaron los años y no cobraron así que reclamaron la retasación que fijaron en 829.000 euros pero en 2005 los tribunales desestimaron su derecho a retasación

En abril de este año el Supremo resolvió inadmitir la querella contra los cinco magistrados de la Sala y le impuso las costas también a los dos vecinos de Oleiros al considerar que sus imputaciones "carecían del más mínimo indicio objetivo de realidad" y solo buscaban "prolongar un debate jurídico que ya ha sido resuelto", atribuyendo a los jueces y tribunales que intervinieron en sus procedimientos "una conducta prevaricadora sencillamente por no haber fallado a favor de sus pretensiones".

El Supremo recuerda que estos oleirenses también habían denunciado por prevaricación a los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), una querella que también fue inadmitida por el auto de 2012, confirmado en 2013.