BETANZOS

La empresa investigada fue condenada por exponer a contaminantes a los trabajadores

Tafiber perdió en 2004 un juicio contra Augas de Galicia por vertidos a la ría de Betanzos - "Los jueces advertían ya en 2006 de una supuesta "actividad ilícita"

21.07.2016 | 14:01
Instalaciones de la empresa Tafiber, en Infesta.

La empresa de Infesta denunciada por Fiscalía por un supuesto delito contra el medio ambiente ha sido objeto en el pasado de varios reproches judiciales. El último de ellos, en 2015 por exponer a contaminantes químicos a un trabajador. Los jueces consideraron probado que Tafiber -ahora Betanzos HB-vulneró el derecho a la integridad física de uno de los empleados de la denominada máquina húmeda, que llegó a precisar asistencia sanitaria por dolencias respiratorias.

La investigación judicial estuvo precedida de una visita de la Inspección de Trabajo a raíz de que cuatro trabajadores denunciasen dolencias similares, tanto respiratorias como cutáneas. Tras detectar importantes deficiencias en material de prevención de riesgos laborales y de que la empresa ignorase varios de sus requerimientos, Inspección incoó un expediente sancionador e informó a Fiscalía que, meses después, interpuso denuncia en el juzgado.

Los jueces consideraron probado que la empresa no había adoptado medidas preventivas para evitar los daños derivados de la "exposición a contaminantes químicos" y destacaron el hecho de que la propia empresa había reconocido que el producto Moulex -que había retirado en 2012 y vuelto a reintroducir- ya había ocasionado otros problemas a los trabajadores con antelación. La Justicia incidió además en que la compañía había adoptado "numerosas medidas de prevención" tras la denuncia, pero no antes.

Tafiber perdió también un pleito que interpuso contra la Xunta en 2004 por el archivo del permiso para el vertido de aguas residuales. Los jueces denegaron su petición en base a que la empresa solo disponía de una autorización del Ministerio de Obra Pública de 1976 para verter a la ría de Betanzos y que había vencido en 1986 sin que constase que se hubiesen concedido más prórrogas y sin que pudiese entenderse concedida en modo alguno por silencio administrativo. "Su posterior actividad no puede convertirse en título para seguir desarrollando una actividad ilícita", advertían los jueces en 2006.

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