BETANZOS

Las dos caras de la fábrica de Infesta

La empresa denunciada por un posible delito ecológico recibió una importante inyección de la Xunta en 2002 y ha sido seleccionada ahora para participar en un programa autonómico de innovación

24.07.2016 | 20:30
Fachada de la fábrica ubicada en Infesta.

Una empresa "estratégica" en el punto de mira. La fábrica de tableros de Infesta afronta uno de los tragos más amargos desde su fundación en 1975. La denuncia de Fiscalía por un posible delito ecológico siembra dudas sobre la actividad de una empresa que recibió en 2002 un importante impulso económico de la Xunta y que ha sido seleccionada en un programa de innovación autonómico. Son las dos caras de una fábrica que defiende en su web su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, pero que ha sido también blanco de críticas a lo largo de los años por su gestión en materia ambiental y laboral

La fábrica de tableros Betanzos HB, ubicada de Infesta, afronta uno de los tragos más amargos desde su fundación en 1975. La apertura de diligencias penales a petición de Fiscalía por un posible delito contra el medio ambiente ha sembrado la incertidumbre entre la plantilla de una fábrica que, en los últimos años, ha encadenado conflictos laborales.

Un repaso a la historia de esta empresa arroja más de una contradicción. Tafiber -ahora Betanzos HB tras la compra del grupo Sonae- ha mostrado a lo largo de los años dos caras casi contrapuestas. De un lado, la de una empresa que considerada "estratégica" por la Consellería de Economía, que en 2002 aportó hasta 4,2 millones para su ampliación y que ha sido seleccionada ahora por la Axencia Galega de Innovación para participar en el Programa AgroBiotech Innovación. La propia empresa, que guarda silencio sobre la denuncia, presume en su web de su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

El apoyo autonómico y la participación de la empresa en programas de innovación ha ido pareja de quejas vecinales por vertidos y, en los últimos años, de varios conflictos laborales. En 2004, solo dos años después de que la Xunta aportase 4,2 millones a la fábrica, los vecinos de Infesta denunciaban "vertidos a un camino" y la emisión de "carbonilla marrón".

Un año después, en 2005, Tafiber vivía una de sus mayores crisis a raíz de una sentencia que decretó el fin de sus vertidos a la ría de Betanzos, que ocasionaron "niveles muy altos de contaminación", en palabras del por entonces conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez.

La empresa había sido autorizada en 1976 para el vertido de aguas residuales, pero el permiso debía renovarse anualmente y vencía en 1986. En 2004, Augas de Galicia archivó definitivamente la autorización y un año después el TSXG ratificó la resolución sin atender el alegato de la empresa, que sostuvo sin éxito que la prohibición de verter conllevaría el cierre y la pérdida de cientos de puestos de trabajo.

El carácter "estratégico" de Tafiber y su consideración de "motor económico de Betanzos" sirvió de salvavidas a la empresa. El Gobierno gallego, tras la intermediación del Concello de Betanzos, accedió a colaborar económicamente en la adaptación de Tafiber a la legislación ambiental.

Han pasado diez años y es su gestión de los residuos la que está ahora en el punto de mira y las conclusiones a las que ha llegado Fiscalía a raíz de informes del Seprona, pruebas testificales de extrabajadores y otros indicios documentales es que la empresa habría podido quemar sin autorización residuos peligrosos e, incluso, enterrar las cenizas en el recinto.

La denuncia llega solo un año después de que Inspección de Trabajo expedientase a la empresa por infringir la normativa de prevención de riesgos laborales y que fuese condenada a indemnizar a un trabajador que sufrió problemas respiratorios por su exposición a elementos contaminantes.

Los conflictos laborales por despidos y los accidentes registrados en sus instalaciones de Infesta fueron precisamente el germen de la querella de Fiscalía. Y es que fueron extrabajadores de la empresa los que presentaron un escrito de denuncia ante el Seprona por supuestas prácticas ilícitas. Antiguos empleados relataron a los agentes que, desde hace años, la empresa ordenaba crear balsas en que mezclaban lodos y aguas residuales con madera triturada para su eliminación en las calderas.

La investigación del Seprona, de la que todavía no han trascendido los resultados, culminó en una querella de Fiscalía, que considera que hay indicios suficientes que apuntan a un delito ecológico. A la espera de que la Justicia se pronuncie, el Concello guarda silencio. Solo el BNG ha pedido personarse en la causa.

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