El Juzgado de Instrucción número 1 de Betanzos ha emitido un auto por el que acuerda continuar con las diligencias previas del procedimiento contra el exalcalde de Sada, Ernesto Anido, y la excoordinadora, Belia Vellón. El juez ve indicios de que el exregidor popular pudo haber cometido un delito continuado de prevaricación administrativa en la contratación de la coordinadora, a la que imputa a su vez un posible delito de tráfico de influencias.
El juez ve indicios que apuntan a que Ernesto Anido promovió la modificación del Reglamento Orgánico Municipal y la Relación de Puestos de Trabajo "con el objeto de designar para el órgano y puesto en cuestión a Belia Vellón" -que era asesora jurídica de Culleredo y presidenta del comité de empresa por UGT -.
El magistrado considera que hay pruebas suficientes de que esta especialista en Derecho "indicó al entonces alcalde los pasos a seguir a fin de crear el antedicho órgano y puesto de dirección a fin de lograr su designación para el mismo". En su auto recuerda que la acusada logró el puesto, que ocupó entre mayo y septiembre y que le reportó un ingresos de 20.080 euros.
Las indagaciones efectuadas hasta ahora por el juez -que incluyeron la toma de declaración en calidad de investigados al exalcalde y la excoordinadora y a varios funcionarios- le llevan a concluir que Belia Vellón facilitó instrucciones por correo electrónico para la creación del puesto de alta dirección. Entre otros documentos, la acusada aportó, supuestamente, la propuesta de alcaldía para la modificación de la RPT y las bases de la convocatoria para la designación del personal directivo profesional en el puesto de coordinador general. El juzgado sospecha que intervino además en la designación de los miembros integrantes de la comisión de selección.
El juez ha archivado provisionalmente la causa contra el exconcejal popular Antonio Aguión, al entender que su condición de imputado vino determinada únicamente por ser el receptor de los correos a los que se refiere la causa.
El auto ordena proseguir con las diligencias previas como procedimiento abreviado. El juez firmó el auto el pasado 30 de junio y dio un plazo de diez días a las partes para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento o la práctica de diligencias complementarias.
Este proceso judicial tiene su origen en una denuncia que el PDSP interpuso ante Fiscalía acompañada de varios correos electrónicos que el alcalde y la trabajadora intercambiaron antes de cubrir la plaza. El 18 de diciembre de 2014 Ernesto Anido admitió al juez que fue la ya excoordinadora la que redactó las bases del proceso para la selección por el procedimiento de libre designación de este puesto de personal directivo.
El exalcalde sostuvo que le pidió asesoramiento externo para la creación de la plaza sin pensar "en ningún momento que fuese esta persona la que accediese", pero que, "en el último momento", Belia Vellón pensó "que podía ajustarse a las bases de la convocatoria". El regidor recordó que fue una comisión técnica la dictaminó favorablemente la elección de esta experta en derecho y justificó la ausencia de más aspirantes al cargo alegando que se trata de "puestos duros".
