ARTEIXO

El desvío de las líneas de alta tensión de Sol y Mar, sin fecha tras veinte años de protestas

Afectados denuncian que siguen "como al principio" y recuerdan que muchos se vieron obligados en 1996 a aceptar las viviendas para no perder su derecho a un piso protegido

07.08.2016 | 02:51

Manuel Pose, alcalde del PP de Arteixo en 2001: "Las líneas de alta tensión ya no atravesarán Sol y Mar". Pilar Souto, regidora socialista, seis años después: "El tendido se trasladará en 2008". Carlos Calvelo, en la campaña de 2011. "Presentaremos durante este mandato una propuesta real y creíble para desviar las torretas". Tres alcaldes, tres promesas incumplidas, tres compromisos reducidos a papel mojado.

Se cumplen veinte años de la primera manifestación de los vecinos de Sol y Mar para exigir el desvío de las líneas que sobrevuelan sus viviendas y las torretas no se han movido ni un ápice. Siguen incumpliendo la distancia mínima de 200 metros que establece la Organización Mundial de la Salud y el Parlamento Europeo. En algunos puntos, no hay ni diez metros entre los pisos y el tendido.

Las protestas de los residentes han sobrevivido intactas cinco mandatos municipales. Y durante este tiempo, la Administración ha dejado prescribir dos convenios para financiar el traslado de las líneas. De nada han valido las proposiciones no de ley aprobadas por el Parlamento para urgir a la Xunta a desplazar las torretas. Basta un repaso a las hemerotecas para comprender la impotencia y frustración de los afectados. "Seguimos como al principio", lamenta la portavoz de la plataforma Anxelina Casas.

Esta vecina de Oseiro capitanea desde hace veinte años las protestas. Dos décadas en las que ella y el resto de los integrantes de la plataforma han recabado informes sobre los riesgos de la contaminación electromagnética, han contratado mediciones, se han reunido con médicos, políticos y abogados y han recabado firmas y más firmas para reclamar que se enmiende una "injusticia tremenda". Y es que el Concello concedió permiso para ejecutar bloques de viviendas junto a un tendido eléctrico y, años después la Xunta, adquirió los más próximos al tendido eléctrico para destinarlos a vivienda de protección oficial. "Si sus propietarios renunciaban a ellas perdían su derecho a una vivienda protegida".

Hoy se cumplen veinte años de la adjudicación de las viviendas sociales y del inicio de las protestas. Las manifestaciones y la presión de la oposición, especialmente del BNG, llevaron al exalcalde Manuel Pose a suscribir hasta dos convenios con la Consellería de Industria y la compañía eléctrica para trasladar el tendido, ambos prescritos, y a comprometerse en pleno a iniciar los trámites para cambiar el planeamiento y establecer el trazado de un corredor de infraestructuras que permitiese desplazar el tendido.

La socialista Pilar Souto inició el cambio del PGOM y creó una comisión de seguimiento que debía reunirse periódicamente para analizar los avances. Fue el primer rayo de esperanza para la plataforma de afectados. Las promesas no tardaron en torcerse. La regidora, que anunció un principio de acuerdo con la Consellería de Industria, culpó al nuevo gobierno autonómico de paralizar los trámites. La comisión de seguimiento dejó de convocarse: no había nada de lo que informar, argumentaron.

El popular Carlos Calvelo recogió el relevo. El ahora regidor prometió en un mitin en 2011 una "propuesta real y creíble" para trasladar las torretas. Durante su mandato se aprobó el cambio urbanístico iniciado por Souto y se obtuvo el permiso de la Dirección Xeral de Patrimonio para realizar el desvío. El Gobierno local anunció que había retomado las negociaciones con Industria y la compañía eléctrica y, en 2014, aseguró que solo faltaba que Red Eléctrica presentase el proyecto técnico de traslado. "Siendo moderadamente optimistas, el año que viene podrían empezarse las obras", estimaba en julio de 2014.

Han pasado dos años y los afectados siguen a la espera del proyecto técnico. Y sin noticias sobre la financiación de la obra. El Concello sostuvo inicialmente que la Xunta aportaría 500.000 euros; el Ayuntamiento, 1,5 millones y Red Eléctrica, 2,5. La compañía no tardó en desmentir este extremo y aclarar que solo contribuiría con la redacción del proyecto. La empresa argumentó en 2015 que la línea que adquirió a Unión Fenosa contaba con todos los permisos y estaba antes que los bloques de viviendas.

La plataforma de afectados criticaba ayer la "desidia" con la que la Administración ha actuado en este caso. Y lamenta que el Concello no convoque las comisiones ni les invite a participar en las negociaciones. "Todos sigue en el aire", lamentaba ayer Anxelina Casas.

La calma con la que la Administración ha procedido en este asunto contrasta con los consejos que el alcalde Manuel Pose daba a los afectados en 1999. "Los vecinos tienen que seguir peleando hasta conseguir una solución, ya sea la retirada de la línea u otra alternativa. No se puede jugar con la salud de las personas". Una afirmación que el tiempo ha dejado también en entredicho.

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