La fecha en que finalizaron las obras de ejecución y acondicionamiento de las seis viviendas levantadas sobre una antigua granja de conejos resultó crucial a la hora de dictaminar el derribo. Una sentencia de primera instancia daba la razón a los propietarios, al entender que en el momento en que la Xunta incoó el expediente habían transcurrido los seis años de plazo que estipula la ley. El Superior revocó la sentencia en base a unas fotografías aéreas facilitadas por la Xunta para demostrar que los trabajos no finalizaron hasta 2007. El dossier que aportó la Xunta y en el que basa el fallo no incluía una fotografía de 2005, pese a que sí había sido aportada por los denunciantes.