La Xunta reclama al Concello de Arteixo que elabore un plan para integrar paisajísticamente el polígono de Suevos en su entorno si quiere seguir adelante con su legalización. El Ayuntamiento inició hace unos meses la tramitación para regularizar la situación del parque empresarial después de que el Ministerio de Medio Ambiente admitiese que es posible legalizar el polígono al amparo de la Ley de Costas de 2013. Sobre parte del polígono hay sentencias judiciales que ordenan derribarlo.
La Consellería de Medio Ambiente exige en la resolución que ha emitido tras estudiar la propuesta de Arteixo la "demolición de las naves" y "edificaciones abandonadas", la instalación de pantallas vegetales en todas las parcelas que contengan naves industriales, un viario "más humanizado" y un estudio del polígono "en su conjunto" que contenga las edificaciones existentes y las que está previsto construir.
El Gobierno gallego recibió el primer borrador del plan del Concello en mayo y tras estudiarlo ha emitido una resolución este mes en la que detalla las medidas que debe recoger el documento urbanístico. El plan del Ayuntamiento pretende que las nueve hectáreas de suelo rústico de protección de costas que forman el polígono pasen a ser urbano consolidado.
Medio Ambiente admite en la resolución que "la tendencia del conjunto del polígono de Suevos sería su desaparición como tal" si no se tramitase esta legalización. También advierte de que la recalificación del suelo supondrá la "consolidación" de los usos industriales en un emplazamiento que tiene "un alto valor paisajístico" y que permitiría nuevas industrias.
El Concello no menciona en su plan para legalizar el polígono que sobre la nave del antiguo matadero de Mafriesa hay una sentencia del Tribunal Supremo que ordena demolerla por infringir la Ley de Costas. La Xunta tampoco hace mención a este hecho en la resolución que ha emitido sobre este documento.
Este polígono industrial se asienta sobre los terrenos del antiguo matadero de Mafriesa y su instalación fue posible gracias a un plan especial tramitado en 2003 durante el mandato del alcalde del PP Manuel Pose. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ilegalizó parte de la nave al haberse modificado las antiguas instalaciones de Mafriesa y al no haber pedido permiso a la Xunta. El Supremo ratificó la sentencia en 2012. La nave sigue en pie cuatro años después.
El concejal de Urbanismo, Alberto Castro, explica que "no tiene sentido cumplir la pena porque se está con la legalización" del polígono. Para Castro la recalificación del suelo acabará con los motivos por los que se ordena derribar parte del polígono. "Las sentencias no se deben ejecutar cuando pueden costar dinero después", asegura el edil.
El Concello argumenta en su plan que la alternativa de demoler todo lo construido es "posible y viable" pero que se rechaza porque tendría un elevado coste y los propietarios tendrían derecho a indemnización.
